Al menos 39 personas, entre ellas 25 niños, continúan desaparecidas después del violento desalojo el pasado martes de una finca privada ubicada en el sur de Guatemala que dejó diez muertos, informó hoy una fuente oficial.
 
Los 25 niños son hijos de los labriegos que fueron desalojados.
 
El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales, dijo que esa institución investiga la existencia de varias fosas comunes ubicadas en el interior de la finca, donde se presume fueron enterrados varios campesinos muertos por las fuerzas de seguridad.
 
"Dicho extremo es investigado a iniciativa de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Aún están pendientes las exhumaciones para establecer la existencia de cuerpos en el lugar", señaló Morales.
 
Tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y siete labriegos fallecieron el martes durante un enfrentamiento a tiros entre ambos grupos, cuando las fuerzas de seguridad llegaron a desalojar de forma violenta a los campesinos que ocupaban la finca Nueva Vista desde hace un año.
 
Daniel Pascual, dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), indicó que varios testigos aseguran que las fuerzas de seguridad cavaron fosas comunes dentro de la finca. Sin embargo, Faustino Sánchez, portavoz de la PNC, aseguró que la versión es falsa, pues, explicó, "existen filmaciones donde consta que tras concluir el desalojo, los agentes se retiraron del lugar".
 
"Si es que existen esas fosas, fueron hechas por los mismos campesinos para echarle la culpa a la Policía", sostuvo.
 
Aunque el ministro guatemalteco de Gobernación (Interior), Carlos Vielman asegura que fueron los campesinos los que empezaron a disparar contra la Policía, los dirigentes de la CNOC niegan ese extremo y acusan a las fuerzas de seguridad de abusar de su autoridad.
 
Para investigar estas denuncias, el fiscal general de Guatemala, Juan Luis Florido, anunció que nombrará a un fiscal especial, mientras que Vielman indicó que la Oficina de Responsabilidad Civil de la PNC hará sus propias investigaciones para determinar cuál fue el comportamiento de los agentes que participaron en el desalojo.