Por pedido del presidente de la Corte Superior de Quito, Alberto Moscoso, la fiscal distrital de Pichincha, María Cerón, inició una instrucción contra diez personas, con pedido de prisión preventiva y por el delito de asociación ilícita, infracción generada en la entrega de licencias profesionales a choferes que no aprobaron el curso de manejo.

Los acusados son integrantes de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador, entre ellos los secretarios general, Carlos Villamarín; Jorge Mendoza; Colombo Arteaga, de Finanzas; Carlos Villena, de Organización; Galo Durán, de supervisión de escuelas de choferes del país.

Como medidas cautelares adicionales, Cerón solicitó la enajenación de bienes y prohibición de abandonar el país.

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Patricio Romero, abogado de los acusados, solicitó que se fije una fianza porque –alega– que el delito de falsificación de documentos, que se sanciona con dos a cinco años de prisión, así lo permite.

Según Romero, el proceso está viciado de nulidad, pues no se presentaron pruebas de la supuesta existencia de 30.000 licencias falsas.