El Gobierno busca alternativas para solucionar el impasse surgido con la petrolera estadounidense Occidental (Oxy). Y entre ellas está reunirse con sus principales ejecutivos.

Fuentes de la compañía informaron que al gerente en el país, Gerald W. Ellis, se sumarán otros funcionarios, cuyo arribo estaba previsto para ayer por la noche.
Los nombres de los delegados se mantienen en reserva, igual que su plan de trabajo.

La petrolera buscará evitar que el Ministerio de Energía declare la caducidad (terminación unilateral) de su contrato con el Estado, luego que la Procuraduría encontró irregularidades, especialmente, en la transferencia del 40% de los derechos y obligaciones, que en el bloque 15 tenía Occidental, a la canadiense Encana.

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Para el procurador José María Borja no hay opciones: “exijo que se declare la caducidad del contrato”, dijo el 24 de agosto pasado, fecha en la que notificó su pedido al ministro de Energía, Eduardo López y al presidente ejecutivo de Petroecuador, Luis Camacho.

El presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, analizó ayer el tema con López, Camacho y otras autoridades relacionadas con el sector, con el fin de estudiar los argumentos que expone el procurador.

Hasta las 16h00, ningún funcionario del Gobierno informó de las decisiones que se adoptaron en esa reunión y Camacho dijo que será el Ministro de Energía quien dé a conocer los pasos que se aplicarán en este proceso. Petroecuador, en calidad de contraparte del contrato, es quien debe dar el primer paso, según el convenio firmado por Occidental y el Estado.

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La estatal petrolera agregó que continuaba recabando información y verificando las pruebas que le entregó la Procuraduría. Si llega a ratificar la denuncia de la Procuraduría del Estado tendrá que notificar a Occidental y darle un plazo de diez días para que responda.

Luego de ese tiempo será Energía quien le exija el descargo en 30 días.