La educación fiscal es conflictiva en gran parte por grupos antagónicos de docentes que hay en casi toda escuela y colegio fiscal.

Existen unos centros que tienen seis profesores, pero tres grupos que dicen cada cual ser dueños de la razón en todo y se niegan a cumplir las decisiones reglamentarias que toman los directores; entonces vienen las calumnias, denuncias, agresiones físicas, con el consiguiente mal ejemplo para los alumnos.

En unos colegios los docentes causan problemas por no trabajar; muchos quieren imponer su voluntad. Manifiestan, por ejemplo, que solo pueden dar matemáticas en ciclo básico en las primeras horas; si les asignan esta materia en el diversificado y a las últimas horas, presentan quejas y denuncias en todas partes.
Cierta profesora ha llevado una denuncia a la Comisión de Fiscalización del Congreso porque tiene que enseñar física. Ella sostiene que en la Universidad de Guayaquil no la prepararon.

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A tanto llega la incapacidad de ciertos docentes que hasta dicen a los alumnos que no saben la asignatura que tienen que enseñar, como para justificar lo injustificable. Las riñas vienen también por las horas no laboradas, es decir, faltan a clases y no quieren que les descuenten del sueldo lo que no han trabajado.

Denuncias de abandono de cargos existen por cientos. Muchos directores y rectores tienen la valentía de informar a las autoridades educativas, aunque los irresponsables profesores se vuelvan enemigos y pretendan hasta mandar a la cárcel por intermedio de juicios penales, a quienes cumplen con el deber de proteger a los alumnos.

Las destituciones por parte del Ministerio de Educación, que conoce los casos en última instancia, tardan, a veces años, o nunca se dan porque la educación está politizada.

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Hay ministros de Educación que destituyen a esos maestros, pero viene el siguiente y los restituye.

La Comisión de Defensa Profesional de la Dirección Provincial de Educación es la encargada de conocer los casos en primera instancia, es decir, iniciar los sumarios administrativos; esta debe reunirse semanalmente y actuar. Pero hay que reconocer que los continuos cambios de directores provinciales dificultan toda tarea.

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Mientras la educación sea conflictiva y politizada, mientras no sancionemos a los que la degradan, no saldremos del subdesarrollo.

César Burgos Flor
Guayaquil