Las FARC aceptaron negociar canje de rehenes con gobierno

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aceptaron negociar en una zona desmilitarizada con el alto comisionado de paz, Luis  Carlos Restrepo, para intercambiar rehenes por rebeldes presos.

El número dos de las FARC, Raúl Reyes, dijo a la emisora Noticias Uno, que “las  FARC aceptan hablar con el comisionado de paz, en una zona en donde se puedan sentar frente a frente los voceros nuestros con los del gobierno” y no por internet como había sugerido el Ejecutivo.

Las FARC reiteraron su exigencia de que el canje debe incluir a todos los guerrilleros presos en el país, encabezados por el dirigente rebelde Simón  Trinidad, detenido el 2 de enero pasado en Quito.

Militares y funcionarios del gobierno rechazaron anoche la exigencia de las FARC,  aunque aclararon que Restrepo anunciará la  posición oficial.

“Creo que están pidiendo demasiado, dejemos que el señor comisionado, que  es la persona llamada para ello, vaya alentando el análisis y si es posible los  contactos con este grupo”, afirmó el ministro de Defensa, Jorge Uribe.

El jefe de las fuerzas militares, general Carlos  Ospina, reiteró su rechazo a esas zonas e indicó que  seguirán las operaciones del Ejército, a pesar de que las FARC han advertido  que estas ponen en peligro la vida de los secuestrados.

El ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, rechazó igualmente la  desmilitarización de zonas, aunque destacó como positivo que las FARC hayan  anunciado un eventual canje  humanitario.

Las Fuerzas Armadas capturaron ayer a Jorge Eliécer Martínez, líder del frente 56 de las FARC, acusado de asesinar a tres indigenistas de EE.UU. y otras 69 muertes más.

El ministro Uribe afirmó en un seminario sobre combate a la guerrilla y tráfico de drogas, que tras 40 años de conflicto, su país busca conocer en detalle la estrategia que permitió a Perú dominar el fenómeno del terrorismo.

La ley antiterrorista que otorgaba funciones de policía judicial a las fuerzas militares fue declarada nula por la Corte Constitucional, por vicios durante su estudio en el Congreso. La ley permitía allanamiento, capturas e interceptación de llamadas sin una previa orden judicial.