El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, soportaba ayer una fuerte oposición a la ley de cumplimiento del referendo acerca  del gas, efectuado en julio pasado, con amenazas de marchas desde hoy en La Paz y Cochabamba.

La administración Mesa se opone a la confiscación de yacimientos gasíferos a los  consorcios petroleros y al desconocimiento de al menos 70 contratos considerados lesivos al interés nacional, que fueron suscritos por su antecesor Gonzalo  Sánchez de Lozada.