La Corte Constitucional de Colombia declaró ilegal un estatuto antiterrorista impulsado por el gobierno del presidente Alvaro Uribe para combatir a los grupos ilegales, por considerar que hubo irregularidades durante la aprobación de dicha ley en el Congreso.
El presidente de la Corte Constitucional, Jaime Araújo, dijo a la prensa que se presentaron "vicios de procedimiento" en la expedición de la norma, durante una sesión de votación en la plenaria de la Cámara de Representantes (baja).
"La Corte declara inconstitucional el estatuto antiterrorista porque se presentaron vicios insubsanables en el sexto debate del acto legislativo y tienen que ver con esa sesión en la cual se aprobó la reforma", señaló Araújo.
Con el estatuto se facultaba a la Fiscalía a otorgarle funciones de policía judicial a los miembros de las Fuerzas Militares, lo que les permitiría recolectar pruebas y hacer levantamientos de cadáveres en zonas de difícil acceso.
En una de las medidas más polémicas, la ley permitía los registros domiciliarios y preveía el empadronamiento mediante una declaración ante una autoridad (alcaldías, policías u otras) sobre los datos de identidad y residencia en zonas donde se presenten dificultades de orden público.
Asimismo reglamentaba derechos fundamentales como la intimidad, la libre circulación y la libertad, aumentaban las facultades de los organismos de seguridad del Estado en su lucha contra las guerrillas izquierdistas y los paramilitares de extrema derecha, y en el control que ejercen sobre la ciudadanía.