La Corte Constitucional de Colombia declaró ilegal  un estatuto antiterrorista impulsado por el  gobierno del presidente Alvaro Uribe para combatir a los grupos ilegales, por  considerar que hubo irregularidades durante la aprobación de dicha ley en el  Congreso.
 
El presidente de la Corte Constitucional, Jaime Araújo, dijo a la prensa  que se presentaron "vicios de procedimiento" en la expedición de la norma,  durante una sesión de votación en la plenaria de la Cámara de Representantes  (baja).
 
"La Corte declara inconstitucional el estatuto antiterrorista porque se  presentaron vicios insubsanables en el sexto debate del acto legislativo y  tienen que ver con esa sesión en la cual se aprobó la reforma", señaló Araújo.
 
Con el estatuto se facultaba a la Fiscalía a otorgarle funciones de policía  judicial a los miembros de las Fuerzas Militares, lo que les permitiría  recolectar pruebas y hacer levantamientos de cadáveres en zonas de difícil  acceso.
 
En una de las medidas más polémicas, la ley permitía los registros  domiciliarios y preveía el empadronamiento mediante una declaración ante una  autoridad (alcaldías, policías u otras) sobre los datos de identidad y  residencia en zonas donde se presenten dificultades de orden público.
 
Asimismo reglamentaba derechos fundamentales como la intimidad, la libre  circulación y la libertad, aumentaban las facultades de los organismos de  seguridad del Estado en su lucha contra las guerrillas izquierdistas y los  paramilitares de extrema derecha, y en el control que ejercen sobre la  ciudadanía.