Ley salarial está en manos del pleno del Tribunal Constitucional

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) deberá resolver si acoge o rechaza la resolución de su Tercera Sala que, por unanimidad, declaró la inconstitucionalidad parcial de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público (ley salarial).

El informe de la Tercera Sala deja insubsistente el carácter de orgánica de la ley y, por tanto, le quita su prevalencia sobre otras de menor nivel, como las ordinarias.
Excluye de la ley salarial a las entidades que integran el régimen seccional autónomo, es decir a los municipios y consejos provinciales del país.

Por ejemplo, la unificación y la homologación salarial, que son parte de esa ley, no se aplicarían a alcaldes y prefectos, y tampoco a los empleados de esos organismos. Así, ellos volverían a regirse por sus propias normas y los funcionarios del Gobierno central serían los únicos dentro del servicio civil.

Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, indicó que la “ley que pretendía el Gobierno quedó en nada; solo se aplicará a un pequeño número de servidores públicos, mientras se mantienen los privilegios en las entidades autónomas”.

La asesoría jurídica de la Presidencia coincide con García. “Es un asunto extremadamente complicado; estamos muy preocupados por la decisión de la Tercera Sala del TC porque puede echar abajo una ley que buscaba poner orden en el sector público”, afirmó una fuente de esa dependencia jurídica.

Ernesto López, ex presidente del TC, sin concordar con toda la resolución, advierte errores del Ejecutivo; por ejemplo, que “la ley nunca debió tramitarse como orgánica”;

Sin embargo, agrega que la decisión final está en manos del pleno del Tribunal, pues la resolución de la Sala no es suficiente por sí sola.

El Tribunal Constitucional informó ayer que antes de que salga la decisión definitiva, primero se convocará a las partes (organizaciones sindicales, partidos, municipios, Ejecutivo) para que expongan cada uno sus argumentos.

Los servidores públicos tienen posiciones encontradas al respecto, pues si se aplica la inconstitucionalidad, la ley salarial quedará sin efecto.