Sarayacu espera que se resuelvan sus demandas

Delegados del Gobierno preparan el terreno para otra cita que mantendrán con los indígenas.

La expectativa de la comunidad quichwa de Sarayacu es permanente desde el 6 de julio pasado, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales para exigir al Estado ecuatoriano que proteja a la comuna, que investigue las denuncias en contra de la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) y que entregue un informe a la Corte cada dos meses sobre la ejecución de los pedidos.

La resolución marcó un precedente legal para indígenas y Estado. Hace ocho años los sarayacu denunciaron los efectos de la actividad petrolera.

El defensor del pueblo, Claudio Mueckay, visitó a la comunidad el 5 de agosto pasado, para informar sobre la resolución de la Corte, mientras que delegados de los ministerios de Defensa, de Gobierno y de Relaciones Exteriores se reunieron con líderes sarayacu, el jueves pasado, para definir una visita oficial de las autoridades del Régimen, para el próximo mes.

La presencia de los delegados motivó que alrededor de 80 indígenas decidieran quedarse en Puyo para ser testigos de la cita que se efectúo en el salón de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP). Todos se mostraron  interesados en el seguimiento del caso.

Desde 1996, año en que el Estado autorizó a la compañía la exploración y explotación petrolera en el bloque 23 de la provincia de Pastaza, los pueblos quichwa, shuar y achuar iniciaron la defensa permanente de su territorio.

Marlon Santi, dirigente de la jurisdicción, pidió al delegado del Ministerio de Defensa, Óscar Troya, el retiro del destacamento militar de Jatun Molino y al representante de la Procuraduría General del Estado, Rodrigo Durango, la revisión del contrato entre el Estado y la petrolera CGC.

“Somos un pueblo que vive basado a la ciencia indígena y las costumbres ancestrales”, señaló Cristina Gualinga, dirigente de 65 años, al destacar la resistencia indígena ante la explotación petrolera. “Lo que queremos es que respeten nuestra forma de vida, nuestros árboles, nuestro suelo, nuestros animales, porque con la invasión petrolera el país está perdiendo a uno de sus pueblos”, agregó.

En cambio, la representante de las mujeres de la comuna, Jenny Chuje, acusó al ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas, de amenazar de muerte a varios dirigentes que defienden el territorio, a lo que calificó como terrorismo de Estado.

Chuje también cuestionó la explotación petrolera y la contaminación provocada a través de los años. “La riqueza es para otros, pero la contaminación solo nos afecta a nosotros”, indicó al referirse a los distintos pueblos de Sucumbíos y Pastaza, en donde operan varias  petroleras.

Indígenas

Asistentes
En la reunión de indígenas y delegados estuvieron Mario Grefa, presidente de la OPIP;  Marlon Santi, presidente de  Sarayacu; Patricia Gualinga, dirigente de las mujeres; Mónica Martínez, directora de Derechos Humanos de la Cancillería; Óscar Troya, asesor de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa; Aníbal Cárdenas, funcionario de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno; y Rodrigo Durango, asesor de la Procuraduría General del Estado.

Nueva reunión
La próxima reunión entre indígenas y las autoridades de los tres ministerios y la Procuraduría General del Estado se realizará el próximo 3 de septiembre en la Cancillería.

Visita de ministros
En este encuentro se definirá una fecha para la primera visita oficial de los ministros a la comunidad de Sarayacu, ubicada a 800 kilómetros de distancia de Puyo.

Población
En 2.470 hectáreas, que conforman la comunidad amazónica, habitan alrededor de mil indígenas, pertenecientes a la nacionalidad de los quichwas.