Después de casi seis meses de suspenderse las elecciones de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), ayer los colegios de mujeres y derechos humanos eligieron a sus representantes.

Para el próximo miércoles está convocado el último colegio faltante, el de los gremios profesionales.

La elección se suspendió en marzo pasado cuando varias organizaciones calificadas y no calificadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentaron recursos de amparo, primero ante juzgados civiles, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, y posteriormente en el Tribunal Constitucional.

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Por las mujeres ganó María Piedad Gálvez, representante de la Asociación de Mujeres Juezas del Ecuador, con ocho votos de las diez organizaciones presentes.
La suplente, Dolores Otañez, triunfó con el mismo apoyo. El acto de designación se realizó en el auditorio de la Democracia del organismo electoral.

La victoria de Gálvez generó el descontento de las organizaciones que apoyaban a Alexandra Cantos, que se postuló para la reelección como comisionada de la CCCC.

Etza Jara, de la asociación de Mujeres Escritoras Contemporáneas, criticó el triunfo de Gálvez, aseguró que esta tiene una vinculación con el Partido Social Cristiano (PSC) y que una jueza no puede integrar la CCCC; “cuando existan casos de corrupción de jueces van a emitir un certificado de que está todo bien”, aseguró.

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En respuesta a Jara, Gálvez, quien reconoció su amistad con la ministra fiscal, Mariana Yépez, aseguró que ni este hecho ni su calidad de jueza influirán en su trabajo; “sabremos actuar como debemos”.

Una hora antes, en el salón de sesiones del TSE, las organizaciones acreditadas al colegio de derechos humanos, designaron por unanimidad a Ramiro Larrea,  presidente de la CCCC, como su delegado.

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Larrea obtuvo los siete votos de las siete organizaciones que se presentaron, con las que lograron hacer quórum; cinco estuvieron ausentes.

Con los comisionados de las mujeres y los derechos humanos están nombrados seis de los siete integrantes de la Comisión: Rómulo López, por las universidades y escuelas politécnicas; Hermuy Calle, por los trabajadores; Ramiro Borja y Borja, padre del procurador del Estado, por la Federación Nacional de Periodistas y la Asociación de Canales de Televisión; y Manuel García, por la Federación de Cámaras; María Piedad Gálvez, por las mujeres; y Ramiro Larrea, por los Derechos Humanos.

ELECTORALES

SUSPENSIÓN
El 5 de marzo pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendió el nombramiento de los comisionados de los gremios profesionales, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, por las solicitudes de recursos de amparo que estas presentaron en diferentes juzgados, para ser incluidas en el proceso de selección.

FUNCIONES
Los integrantes de la CCCC debieron entrar en funciones el 23 de febrero pasado. Las dificultades en la conformación de los colegios electorales generaron la presentación de 16 recursos de amparo; 14 de estos llegaron al TC, 12 se resolvieron y los otros 4 se archivaron.

AMPAROS
El TC negó el 5 de agosto pasado los amparos propuestos por el Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos (Cedal) y de la Asociación Nacional de Mujeres Negras en contra del TSE.

 

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