Seis contenedores de camarón nacional se quemaron en Europa en el 2002-2003 y quince se rechazaron por contener residuos del antibiótico cloranfenicol.

La prohibición de antibióticos y la certificación obligatoria del Instituto Nacional de Pesca (INP), que confirman que el camarón exportado no contiene residuos de cloranfenicol, recibió el aplauso de la Comisión Veterinaria de la Unión Europea (UE) y sacó al producto nacional de las alertas sanitarias y volvió a enrolar al país en la lista 1 de proveedores.

Desde 1990 las regulaciones de la UE en productos médico-veterinarios prohibieron el cloranfenicol y otras nueve sustancias farmacológicamente activas que sean administradas a los animales por vía del alimento balanceado.

Publicidad

La nueva exigencia del 2003 y la incapacidad tecnológica del INP para analizar las muestras que soportan la emisión del respectivo certificado sanitario, motivó la firma  del convenio por tres años con laboratorios BSI.

El gerente general en Ecuador de esa firma que presta sus servicios en 110 países, Ángel Navarro, informó que vienen operando hace ocho meses y han traído tecnología de punta para realizar la detección de antibióticos a niveles de una parte por millón.

Mencionó que en menos de un mes funcionará un segundo equipo, el más moderno que existe y con un costo de $ 700.000, para acortar la entrega de los análisis a un tiempo máximo de 36 horas y ampliar el servicio a los camaroneros y exportadores para agilizar los despachos, ya que el certificado debe expedirse en la misma fecha de embarque o antes.

Publicidad

Realizan el muestreo en las empacadoras por solicitud del exportador o productor, la muestra es sellada con seguridad para ser transportada, en el laboratorio se le asigna un código para que el personal desconozca su procedencia y el resultado lo reportan al INP. El convenio, comenta el directivo, no solo está limitado al caso antibióticos, es muy extenso y la idea para el futuro es aportar otras tecnologías con el concurso de más agentes de la cadena y otro laboratorio en Manta, para ejercer el control de trazabilidad (residuos tóxicos) que pedirán los compradores europeos y norteamericanos a partir del 2005 a los productos de consumo humano.