Tras orden de la Sala Constitucional de Costa Rica de devolver a los tres niños ecuatorianos que permanecieron aislados desde julio pasado, su retorno al país depende de los documentos solicitados al Instituto Nacional del Niño y la Familia, Innfa, según indicó vía telefónica el embajador de Ecuador en ese país, Juan Leoro Almeida.

Los niños Julio Peñaloza Jiménez, de 5 años; Álex Sebastián y Ángel Eduardo Reinoso Bautista de 7 y 9 años, respectivamente, guiados por coyotes contratados por sus padres desde Estados Unidos, iniciaron, hace trece meses, la ruta Quito, Panamá y llegaron a San José con pasaportes peruanos, refirió el embajador.

Las autoridades de Costa Rica informaron que los niños arribaron al aeropuerto Juan Santamaría junto con un grupo de ecuatorianos y peruanos que tenían como destino Estados Unidos.

Publicidad

Las autoridades policiales de ese país tras verificar la nacionalidad y efectuar pruebas de ADN, detectaron la ilegalidad de los documentos de los menores, indicó Leoro.

Rosalía Gil, ministra de la Niñez y directora del Patronato de la Infancia, señaló que los menores no fueron devueltos enseguida, pues se necesitaba proceder con la investigación judicial por el supuesto coyotaje.

La decisión de la Sala Constitucional se dio tras la acogida favorable a un recurso de hábeas corpus planteado por la Defensoría del Pueblo.

Publicidad

La oficina de Prensa del Poder Judicial agregó que para el retorno de los menores requerían de una garantía de Ecuador sobre la seguridad y bienestar de los niños.

Al respecto, Juan Leoro Almeida explicó que a través de la Cancillería se gestiona al Innfa para que envíe documento legalizado en el que un delegado de la institución se compromete a recibirlos y atenderlos.

Publicidad

Añadió que la información incluye que en una primera etapa, la institución deberá verificar las condiciones físicas y psicológicas, además de económicas del hogar donde irían los menores.

“Los niños están bien atendidos”, comentó Leoro Almeida al señalar que los menores fueron ubicados en albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

“Con el recurso de amparo constitucional ganamos el hábeas corpus y ahora solo esperamos ese documento”, afirmó.

Leoro señaló que en los trámites para la repatriación de los niños también participa la Defensoría del Pueblo, entidad que  realiza las gestiones para asumir el costo del traslado de los menores.

Publicidad