Durante los últimos 25 años de democracia, a pesar de que el precio del petróleo ha tenido más subidas que bajadas, y que los gobiernos de turno han tomado duras medidas económicas, ninguno de ellos ha logrado disminuir el saldo de la “deuda externa” del país, desde el inicio hasta el final del periodo de su administración, debido al exceso de gasto corriente y a la falta de control en el manejo del flujo de la caja fiscal del Estado.

En el presupuesto general del Estado en el último periodo democrático, para el “pago” de la deuda externa (intereses y capital) se ha considerado desde el 50% hasta el 70% de su monto, y dicha deuda comenzó con un saldo de $ 3.554 millones (año 1979), y está en $ 11.413 millones (enero 15 del 2003); estableciéndose que la misma se ha incrementado en más del 300% durante el señalado periodo.

Eso significa que los ingresos del país por concepto de deuda externa y el costo de sus intereses, es mayor a lo asignado para el pago en el presupuesto anual del Estado, situación que debería reflejarse en el aumento de la producción, inversión interna y externa y empleo, como también en el fortalecimiento de la seguridad social y ciudadana para garantizar el bienestar de la comunidad.

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Para un  mejor “control y aprovechamiento” de la deuda externa del país, se debe incluir una reforma en la Constitución de la República, para que esta deuda sea su monto “supervisado y aprobado” por una comisión especial, conformada por representantes de la producción, trabajadores, Congreso y Gobierno; así como también fiscalizada su utilización por la Contraloría del Estado, con informes periódicos publicados por la prensa por cada desembolso recibido en el país.

Ec. Ángel Calderón Mayorga
Guayaquil