El proyecto de Ley Orgánica del Sector Eléctrico, que el Ejecutivo envió el pasado miércoles al Congreso con el carácter de urgente, pretende incentivar las inversiones en proyectos hidroeléctricos y castigar a quienes defrauden al Estado a través del robo de servicios públicos.

En el primer capítulo, el Gobierno propone la creación de un fideicomiso para garantizar a los generadores hidroeléctricos (“concesionarios que incorporen nuevas instalaciones o concesionarios de nuevos proyectos”) el pago por la venta de dicha energía a las compañías distribuidoras.

Esta garantía regirá, según el proyecto, siempre que el precio del kilovatio/hora sea inferior al precio referencial que fije el Conelec (Consejo Nacional de Electricidad).

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Dicho fideicomiso estará constituido por un monto de 500 millones de dólares a través de la emisión de bonos del Estado, a 12 años plazo; el fiduciario (administrador) será el Banco Central del Ecuador.

Según la propuesta, el mecanismo funcionará así: las distribuidoras eléctricas entregarán al fideicomiso la totalidad de sus ingresos por venta y distribución de energía eléctrica; y el fideicomiso dispondrá que esos recursos se distribuyan, en primer lugar, a los generadores privados o a aquellos en los que el sector privado tenga una participación de al menos 20%.

Se plantean sanciones para las distribuidoras que no cubran los pagos.

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En un segundo capítulo, el documento del Ejecutivo establece sanciones para quienes alteren los sistemas o aparatos de control, medida o registro de la provisión de energía eléctrica, gas, agua, petróleo o cualquiera de sus derivados, telecomunicaciones u otros servicios. También para quienes destruyan, perforen o manipulen las instalaciones de acceso a esos servicios.

En estos casos, la sanción puede ser prisión de seis a 18 meses y multa de diez a 100 salarios básicos unificados.

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El proyecto plantea también una reclusión mayor ordinaria de ocho a 16 años y multa de mil a 10.000 dólares para quien destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos de gas, petróleo y sus derivados.

Mientras que la declaratoria de emergencia en el sector eléctrico se determinaría el próximo martes. Ayer sesionó, en el Palacio de Carondelet, el Comité Interinstitucional del Sector Eléctrico junto al presidente Lucio Gutiérrez pero no tomó ninguna decisión.