La directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Elsa de Mena, aseguró ayer que el problema de la industria textil nacional no es el contrabando, sino que en el país “no somos competitivos”.

Puso como ejemplo, que en China  –país para el cual los industriales  solicitaron  una salvaguardia del 500% a sus productos–, un ingeniero de ese  sector  gana 60 dólares mensuales, mientras que en Ecuador no se pueden tener esos costos.

Un estudio de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), difundido el lunes pasado, sostuvo que el contrabando de textiles importados a Ecuador supera los 95 millones de dólares al año; y que por esa razón  han cerrado 210 textileras  en los últimos dos años.

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El gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), coronel Rodrigo Zúñiga, dijo que en todos los controles y decomisos de mercadería que se ha intentado introducir de forma ilegal no se ha hallado prendas de vestir.

Explicó que el método de lanzar los paquetes desde los barcos al agua para esquivar la descarga en el puerto no se usa para ese tipo de artículos.

Los dos funcionarios dieron estos comentarios antes del encuentro con los socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

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Con los empresarios de la ciudad, la directora del SRI analizó el tiempo que demora en el despacho de las mercadería en el puerto y el acuerdo al que llegaron para que se facilite el ingreso de los artículos que estén sujetos al mecanismo de duda razonable.

Según las autoridades aduaneras, la duda razonable permite detectar supuestas subvaloraciones  y establecer cinco días para que el importador justifique el valor  reportado.

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CONTRABANDO

PUENTE
El presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), Sebastián Borja, dijo que Panamá es el puente de los textiles asiáticos.

PÉRDIDAS
Explicó que ese país exportó a Ecuador, el 2003, 84 millones de dólares en textiles; sin embargo, el Banco Central solo registró importaciones desde ese país por siete millones. Es decir, explicó Borja, hubo un aparente contrabando de 77 millones equivalente a una defraudación al fisco de 25 millones de dólares.