Los reportes anuales del 2001, 2002 y 2003 de la United States Securities and Exchange Commission muestran que en el año 2000, Occidental transfirió el 40% de sus derechos en el bloque 15 a la canadiense Encana.

El informe sostiene que la transacción se terminó de realizar el 1 de noviembre del 2001.

Basado en ese documento, el procurador José María Borja pidió la caducidad (terminación unilateral) del contrato entre Occidental y el Estado.

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Los asesores del ministro de Energía, Eduardo López, quien deberá ratificar o archivar la sanción a la compañía, toman con cautela el informe pues –dicen– no existe la certificación respectiva. Tampoco niegan su validez. “Vamos a estudiar documento por documento y palabra por palabra”, dicen.

Sobre el mismo texto ya hay versiones distintas. Energía, por ejemplo, sostiene que un argumento de Occidental podría ser que la transacción, aunque consta en los registros financieros en Estados Unidos, no está registrada en el país. “El debate jurídico será largo”, dice; mientras el procurador se ratifica en que la salida es la nulidad.

En Petroecuador hay preocupación, debido a que Occidental y Encana (la segunda involucrada en la operación) son las empresas más fuertes en el país.