El ministro de Energía, Eduardo López, cuestionó ayer a las organizaciones ecológicas y sociales que el miércoles pasado presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, para revocar la licencia ambiental que el Ministerio del Ambiente otorgó a la firma brasileña Petrobras.

Ese permiso permite a la empresa iniciar la fase constructiva del proyecto para el desarrollo y producción del bloque 31, ubicado en el Parque Nacional Yasuní (Orellana), considerado dentro del patrimonio nacional de Áreas Naturales, Bosques y Vegetación Protectoras.

“Las comunidades indígenas y las ONG han causado que la industria petrolera de Ecuador se encuentre semiparalizada”, afirmó López.

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Entre los compromisos que anunció el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al finalizar el miércoles su visita a Ecuador, está la inversión de $ 150 millones a través de Petrobras.

Ayer, el ministro dijo que esa petrolera suscribió un contrato con Petroecuador que  estipula compromisos, incluidos los ambientales.

Ramiro Ávila, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Católica, indicó que si se acepta el amparo, el Ministerio del Ambiente deberá iniciar un nuevo estudio de impacto ambiental para determinar los daños que ocasionaría la explotación.