Se ha dado inicio a una severa represión en Estados Unidos contra  el fraude de licencias de manejo, lo cual despojará de este documento a casi 200.000 inmigrantes.

Legislaturas por todo Estados Unidos han estado luchando en público con un tema candente: decidir si dificultan o facilitan a inmigrantes indocumentados la obtención de licencias de manejo. La lucha con miras a reconciliar la seguridad pública, la seguridad en carreteras y la realidad de millones de trabajadores inmigrantes sin documentos ha dado paso a un feroz desacuerdo y leyes muy diferentes, incluso al tiempo que la comisión que investiga los atentados del 11 de septiembre ha exhortado a que se adopten normas nacionales.

En Nueva York, que alberga a una cifra estimada en 500.000 de los 10 millones de inmigrantes indocumentados en todo el país, el debate público ha sido escaso. Pero, tras bambalinas, funcionarios del departamento estatal de Vehículos Motorizados ya dieron inicio a una severa represión contra el fraude de licencias de manejo, lo cual despojará de este documento a casi 200.000 inmigrantes que no pueden demostrar que están en Estados Unidos de manera legal.

En el mes de enero se produjo una reacción muy tenue cuando esta entidad empezó a enviar por correo las primeras de medio millón de cartas que amenazan con suspender las licencias de motoristas cuyos números del Seguro Social no coincidieran con los registros federales. El temor y la protesta se diseminaron en lugares como el condado Westchester, a medida que las cartas llegaban a inmigrantes que conducían desde hacía mucho y que dependen de sus automóviles para trabajar como paisajistas, empleados de la construcción o limpiando casas.

Y la indignación creció conforme defensores de los inmigrantes se fueron enterando de casos en los que asombrados inmigrantes, que fueron a oficinas de tránsito vehicular, veían cómo les eran confiscadas sus licencias por falta de un número de Seguro Social.

Las protestas, aunadas a explicaciones por parte de los autores de la represión, estaba previsto que fueran presentadas ayer en Manhattan en la primera audiencia pública sobre dicha política, por parte del Comité de Transportación de la Asamblea del Estado.

Ya está muy avanzado el proceso: si bien apenas cerca de 600 licencias se han suspendido hasta la fecha, funcionarios estatales dijeron que, en noviembre, una segunda oleada de avisos empezaría a suspender las licencias de quienes no han respondido. Funcionarios de la entidad afirman que 250.000 licencias están registradas para ser suspendidas.

Funcionarios estatales aseguran que no están enfocando el esfuerzo sobre los inmigrantes, tan solo aprovechando la nueva tecnología para hacer valer una vieja ley, un requisito de 1995 que exige al Estado reunir los números de Seguro Social de todos los que solicitan una licencia de manejo. Esa medida se sumó en muchas entidades para mejorar la aplicación del pago de pensiones para menores. Sin embargo, Nueva York es el único estado donde funcionarios de tránsito vehicular están usando capacidades informáticas mejoradas para verificar todos los números de Seguro Social recabados con el paso de los años.

Los resultados han sido reveladores, según Raymond P. Martínez, el comisionado estatal de vehículos motorizados.

“La opinión pública va a quedar estupefacta cuando se entere de cuántos números del Seguro Social de otras personas fueron usados por terceros sin su conocimiento”, destacó, ubicando la cifra en más de 100.000, incluyendo un número que fue usado por 57 personas.

No obstante, algunos detractores afirman que la aplicación de la ley recaerá principalmente sobre inmigrantes indocumentados que trabajan duro y son integrantes de la sociedad, y sobre burócratas locales del Departamento de Vehículos Motorizados que no entienden de complicadas leyes de inmigración.

“Nadie ha considerado la pesadilla burocrática que ellos están creando”, notó Margaret Stock, catedrática adjunta de leyes sobre seguridad nacional en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, la cual está escribiendo un documento sobre el tema de las licencias de manejo. “De hecho, es nocivo para la seguridad nacional negarle licencias a personas sobre la base de su estatus de inmigración”.

Stock, quien también es teniente coronel de la policía militar en el cuerpo de Reservistas del Ejército, aseguró que existían mejores probabilidades de ubicar a un terrorista con una licencia de manejo que sin ella. Más aún, dijo, “el estatus inmigratorio es un objetivo en movimiento: alguien que está legalmente en el país hoy, puede ser ilegal mañana, en tanto que alguien que sea ilegal hoy puede ser legal mañana”, así que las oficinas de tránsito vehicular pueden terminar emitiendo y negando licencias a la gente equivocada.

© The New York Times News Service.