Argentina tiene una herida abierta con su pasado. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo aún preguntan cada semana dónde están sus hijos y nietos, y muchos jóvenes quieren saber qué pasó hace casi 30 años con sus padres.

Pero en los últimos días dos noticias les han permitido reconciliarse con la historia y sentir que se hace justicia.

El martes, la Corte Suprema decidió que los crímenes de lesa humanidad (torturas, ejecuciones, desapariciones, genocidios) no prescriben, que sus autores deben ser juzgados y que los plazos para investigarlos y sancionarlos no se agotan nunca.

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Además, el ex almirante Emilio Massera, jefe de la Armada durante la dictadura, acusado de violación a los derechos humanos y robo de bebés, pagó una indemnización de 210.000 pesos argentinos (70.000 dólares) a Daniel Tarnopolsky, hijo de una pareja de desaparecidos.