Eduardo López cuida sus palabras, pues no solo es ministro de Energía, sino que, ahora, es el juez que –una vez que Petroecuador notifique a Occidental– deberá decidir si declara o no la caducidad del contrato entre la petrolera y el Estado.

Según la Procuraduría, dos convenios entre las compañías Occidental (de EE.UU.) y Encana (de Canadá) no tuvieron la autorización del Ministerio de Energía, por lo que exige que se declare la caducidad del contrato.

El presidente ejecutivo de Petroecuador, Luis Camacho, deberá dar el primer paso. Una vez que reciba los informes de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y de sus departamentos competentes, “notificará el reclamo del incumplimiento a la contratista, para que conteste en el plazo de diez días, desvirtuando o aceptando el reclamo”, dice el contrato. Si se confirman las irregularidades que denunció la Procuraduría, la petrolera tendrá 30 días para corregir observaciones.

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En el caso de que no haya una respuesta, Camacho deberá pedir a Eduardo López la declaratoria de caducidad del contrato.

Al establecerse esa sanción, el ministro será quien notifique a Occidental. A partir de ese momento corre otro plazo para que la petrolera refute los cargos. López, mientras tanto, no podrá emitir juicios de valor.