Se advierte que no será sencillo para todos los ilegales cumplir dicho requisito –debido a la renuencia de los patronos a reconocer que han contratado personal no legalizado–, pero aun así, las centrales sindicales españolas estiman que medio millón de migrantes sin papeles, sobre todo latinoamericanos y magrebíes, podrían beneficiarse.

Quizás esta sea una oportunidad entonces para que muchos ecuatorianos en España legalicen su residencia. En ese caso, nuestra Cancillería tendrá la obligación de definir estrategias de apoyo efectivo a nuestros compatriotas. Organizaciones españolas de ayuda social como SOS Racismo y la Cruz Roja informan que muchos extranjeros se acercan a sus oficinas para pedir información desde que Madrid anunció su nueva política. La Embajada del Ecuador podría cumplir una función parecida, orientando específicamente a nuestros emigrantes para que conozcan los requisitos que deben reunir y la manera de lograrlo.

Si hasta hoy fue muy poco lo que el Estado ecuatoriano hizo para ayudar a nuestros compatriotas en España, quizás esta sea su oportunidad de redimirse.