El ministro de Gobierno, Raúl Baca, señaló ayer  que el pedido de la Procuraduría para que rescinda el contrato del Estado con  Occidental no ha sido discutido formalmente por el presidente  Lucio Gutiérrez y los funcionarios relacionados con el sector.

Sin embargo, aseguró que en este y en todos los casos relacionados con los intereses del Estado, el Ejecutivo aboga por el cumplimiento del marco jurídico vigente en el país.

“Yo estoy absolutamente seguro de que el Gobierno respaldará total y positivamente cualquier acción de la Procuraduría tendiente a hacer cumplir la ley”, dijo Baca y agregó que en la misma medida en que las empresas extranjeras exigen seguridad jurídica al país, estas “deberían empezar por buscarla”.

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Occidental,  a cargo la exploración y explotación del bloque petrolero Nº 15 (en la Amazonia), habría incurrido en 34 incumplimientos del contrato, entre ellos el haber cedido el 40% de sus acciones a la canadiense Encana sin notificar a la Dirección Nacional de Hidrocarburos.

Ayer el jefe de Estado visitó la provincia de Sucumbíos, donde aprovechó –según información de la Presidencia– para conversar sobre el tema con el ministro de Energía, Eduardo López. El objetivo es definir una posición de Estado. Mientras en Carondelet se esperaba una notificación de la Procuraduría.