Ex funcionarios del Programa Nuestros Niños (PNN) y del Fondo de Desarrollo Infantil (FODI) del Ministerio de Bienestar Social (MBS) presentarán esta semana un juicio penal por injurias calumniosas contra el ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas.

Vía telefónica, José Gonzalo Bonilla, ex director del PNN, y Fernando Sánchez, ex coordinador del FODI,  anunciaron que iniciarán un proceso penal contra Vargas por acusarlos de corrupción e ineficiencia en el manejo de los programas de desarrollo infantil.

Ellos fueron removidos de sus cargos el 12 de agosto mediante acuerdos 3027 y 3026, firmados por el ministro. En estos, Vargas designó a Pedro Bagua y Silverio Chisaguano para ocupar la dirección del PNN y la coordinación del FODI, respectivamente.

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Bonilla ocupó la dirección del PNN desde el 6 de noviembre del 2003, mientras que Sánchez se encargó de la coordinación del FODI desde el pasado 7 de mayo.
Ambos firmaron sus contratos con ese portafolio hasta el próximo 19 de diciembre.

Sánchez indicó que durante su gestión, todas las contrataciones  contaron con la  aprobación  del  BID, la Contraloría y la Procuraduría.

El ex funcionario desmintió recibir un sueldo mensual de más de 3.000 dólares e instó al ministro Vargas a explicar por qué  emitió  las resoluciones 500632 y 500702 en las que reduce 500 mil dólares el presupuesto del FODI  y la misma cantidad de la Conferencia  Episcopal  Ecuatoriana.

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Según dijo, esos montos fueron destinados a un Programa de Control de Inundaciones impulsado por  la  Corporación  de Desarrollo Regional de El Oro y a la construcción de canchas deportivas por parte de la Secretaría de Deportes en medio de la campaña electoral del partido de gobierno.

Las oficinas donde funcionan el PNN y el FODI, al norte de Quito, permanecen tomadas desde el pasado martes por representantes de 104 organizaciones de atención a la niñez, quienes denuncian además el desvío de 10 millones de dólares del FODI, que alimenta a los programas de atención a la infancia del MBS, hacia el ORI.

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El diputado Rodrigo García, de Pachakutik,  solicitó ayer al presidente del Congreso, Guillermo Landázuri (ID), que convoque a un periodo extra de sesiones para que comparezca Vargas e informe sobre el desvío de fondos.

En Guayaquil, una manifestación de unas de 200 personas se congregó en las afueras de la Dirección de Bienestar Social para pedir que se respeten los derechos de los niños y la destitución del ministro Vargas que, según ellos, ha hecho una “mala gestión”.