La regularización de los inmigrantes que posean un contrato de trabajo, que estudia el gobierno español, “solo  beneficiará a las personas que la administración anterior dejó como irregulares y no a los nuevos clandestinos”, dijo la secretaria de Estado para Inmigración, Consuelo Rumí.

Las regularizaciones que estudia el presidente José Rodríguez Zapatero “estarán vinculadas al mercado laboral y podrán acogerse solo las  personas que el gobierno del PP (Partido Popular, derecha) dejó aquí como  irregulares”, señaló Rumí.

Las nuevas medidas, que formarían parte de un plan sobre inmigración que el Ejecutivo español quiere debatir a partir del próximo mes, “no van a afectar al  inmigrante clandestino que llegó ayer o que llegue hoy”, afirmó.

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Rumí detalló que al final de la anterior legislatura del PP, derrotado en  las urnas en las elecciones del pasado 14 de marzo, más de dos millones y medio  de extranjeros se encontraban empadronados en España y “menos de un millón y medio estaban afiliados a la seguridad social”.

Según organizaciones no gubernamentales, más de un millón de inmigrantes  que viven en España, de un total de más de 2,5 millones, son clandestinos, la mayoría de origen marroquí y latino.

Rumí denunció la “situación caótica” en materia de inmigración heredada del PP y confió en que las medidas que espera poner en  marcha el gobierno sean consensuadas por todos los sectores implicados en este  tema.

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En declaraciones al diario El País, Rumí dijo que “se trata  de facilitar la integración social de los extranjeros y hacer aflorar la  economía sumergida que se nutre de estos trabajadores”, aunque esto “no  significa que se vaya a dar papeles a todos los extranjeros, que quede bien claro”.

El secretario general del PP, Mariano Rajoy, señaló que las  medidas regulatorias anunciadas por el gobierno español “provocarán un efecto llamada de considerables proporciones”, además de “ser contrario a lo que están  haciendo en todos y cada uno de los países de la Unión Europea”.

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Rajoy se basa en que el gobierno ha regularizado a “más de 100.000 personas, algunas por vía de silencio administrativo y otras que habían cometido actos delictivos”. Por ello anunció que ha pedido la comparecencia de los responsables en las cortes.