El gobierno socialista español prevé legalizar un grupo "importante" de inmigrantes ilegales cuya situación no formalizó el gobierno anterior, pero aclaró que eso no va a suponer una política de "papeles para todos", dijo este lunes la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí.

Esta medida es parte de un programa de integración social de inmigrantes que Rumi desea presentar el próximo mes. Indicó que el ejecutivo español espera regularizar la situación de los ilegales que denuncien a empresarios que empleen extranjeros sin contrato.

“Se trata de facilitar la integración social de los extranjeros y hacer aflorar la economía sumergida que se nutre de estos trabajadores”, explicó Rumí. .

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"Estamos hablando de (...) un número importante de inmigrantes irregulares, que se produjeron durante el período del Partido Popular en el gobierno, que ni formalizó su situación ni los expulsó", dijo en declaraciones recogidas por la Cadena Ser, refiriéndose a los inmigrantes que llegaron a España durante los ocho años del gobierno de José María Aznar, de 1996 a 2004.
 
El gobierno, añadió, consultará en septiembre a sindicatos y empresarios para concretar el reglamento de una ley de extranjería cuya tramitación empezará próximamente.
 
La funcionaria señaló que uno de los requisitos para la legalización del status del inmigrante sería tener un contrato de trabajo en España.
 
"El gobierno dará permisos provisionales de residencia y de trabajo hasta que sea una relación laboral confirmada, y a partir de ese momento tendrán un permiso que durará el tiempo que dure el contrato", dijo Rumí.
 
España recibe a un 23 por ciento de los inmigrantes ilegales que entran en Europa, según datos oficiales. Desde enero hasta mediados de agosto las autoridades han arrestado a más de 8.000.
 
Muchos logran llegar a territorio español y encuentran trabajos, a menudo en la agricultura en el sur de España.