Las organizaciones que participan en el PNN rechazan la designación del nuevo director provincial.

Las instalaciones del Programa Nuestros Niños (PNN), ubicadas al norte de Quito, permanecen tomadas por unas 50 personas que rechazan la decisión del ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas, quien la semana anterior removió a José Gonzalo Bonilla de la dirección del programa.

En reemplazo de Bonilla, Vargas nombró a Pedro Bagua, quien no ha podido ingresar a su despacho. Las organizaciones que participan en el PNN rechazan su designación pues señalan que, durante la administración presidencial de Sixto Durán-Ballén, Bagua fue destituido por irregularidades en la ejecución de programas educativos.

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Bonilla y Fernando Sánchez, a quien Vargas removió –en cambio– de la representación del Fondo de Desarrollo Infantil (FODI), denunciaron ayer que por autorización del secretario de Estado se desviaron 500 mil dólares del presupuesto asignado para la atención de los niños, durante el 2004, a favor de obras de infraestructura básica en la provincia de El Oro. Trabajo que, según el funcionario removido, debería realizarlo el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Este desvío de fondos, agregó Bonilla, pone en riesgo el cumplimiento del acuerdo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien transfirió en cinco años 45 millones de dólares para favorecer a 110 mil niños en programas de alimentación.

El Programa Nuestros Niños concluirá en diciembre de este año, pero la aspiración de sus dirigentes es que el sistema de ayuda funcione a través del FODI a partir del 2005, con lo cual se unificarían todos los programas de atención a la infancia.

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Sánchez rechazó que el programa de atención a la infancia se pretenda politizar. Además afirmó que durante esta semana recibieron amenazas de parte de dirigentes de las organizaciones indígenas de Colta, quienes anunciaron que se tomarán las instalaciones del programa.

El jueves pasado, Vargas conminó a renunciar a todos los funcionarios del ministerio que no estén de acuerdo con el Gobierno y anunció que enjuiciará penalmente a quienes, según su criterio, lo han calumniado.

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“Respeto a los organismos internacionales, pero todos los proyectos que se realizan en el Ecuador son deuda externa. Queremos eliminar a los empleados dorados que ganan ocho y seis mil dólares y son los que están peleando ahorita”, señaló el ministro.