Proyecto legal para proteger a niños reforma cinco códigos que están en vigencia en el país

El documento tiene alrededor de 30 artículos que sancionan los actos en contra de niños y adolescentes.

El proyecto legal que presentó el miércoles pasado el Gobierno para  combatir los delitos relacionado al tráfico, explotación sexual y pornografía de menores plantea reformas a cinco códigos legales que están en vigencia en Ecuador.

El documento que será enviado al Congreso Nacional la próxima semana, luego que se incorporen algunas observaciones realizadas por la Fiscalía y algunos organismos internacionales y no gubernamentales relacionados con la protección de la niñez, tiene alrededor de 30 artículos que tipifican y sancionan los delitos de turismo sexual, trata de personas, pornografía infantil, tráfico de menores, proxenitismo y la explotación sexual de menores.

Esos artículos tiene relación con el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal, el Código de la Niñez, el Código de la Salud y la Ley de Turismo.

Entre otras cosas, la reforma establece que serán responsables de turismo sexual las personas particulares o grupos de personas que difundan, organicen y realicen viajes desde otro país hacia Ecuador o dentro del territorio nacional con el propósito de establecer relaciones sexuales con niñas, niños o adolescentes.

Sanciones
También establece prisión, que puede ir de seis a nueve años, para quienes desarrollan las actividades de proxenetismo, así como sanciones que van desde multas hasta la incautación de los bienes.

En lo que respecta a la trata de personas, especialmente de menores, el proyecto plantea que la pena para los responsables de este delito puede ir de tres a doce años de prisión, una multa de 200 salarios mínimos vitales generales y la incautación de todos los bienes adquiridos con el dinero producto del cometimiento de este delito.

Además, se establecen normas para la recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas a través de programas de los organismos gubernamentales u otras organizaciones relacionadas con la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Contra locales
En torno a la pronografía infantil, a más de la prisión y multas para los comercializadores, productores, distribuidores e importadores de este tipo de material, la propuesta legal plantea sanciones para los locales denominados cibergs que presten el servicio de internet y que exhiban páginas con pornografía que involucre a menores. Estas sanciones pueden llegar hasta a la clausura del local.

Una de las reformas determina también sanciones para el cliente que pague, en dinero o en cualquier otra forma, por mantener relaciones sexuales con menores de edad. Para estas personas se prevé prisión que va de uno a 16 años.

REACCIONES

Donoso: No es necesaria una reforma legal
Una reforma legal para agravar los delitos de la pornografía infantil no es necesaria, pues la legislación vigente tipifica y sanciona el uso de menores de edad o de personas para hacer vídeos o grabaciones que tienen que ver con ese delito, afirmó ayer el magistrado de la 2º Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Donoso.

Según explicó Donoso, para sancionar estas infracciones en contra de los menores solo hace falta aplicar disposiciones que determinan la concurrencia de infracciones (comisión de varios delitos) y que permiten aplicar normas de mayor gravedad.

Jaramillo: Contenido de proyecto debe difundirse
El presidente del Observatorio de los Derechos de la Niñez, Mario Jaramillo, sostuvo que era necesario formular un paquete de reformas legales que permitan sancionar y prevenir delitos como la pornografía infantil.

Para él, el proyecto presentado por el Gobierno debe ir acompañado de acciones adicionales para difundir el contenido de las reformas. A criterio de Jaramillo, el plan nacional de combate a estos delitos, que estará a cargo de una Comisión Interinstitucional creada por el Gobierno, “debe estar basado en un eje transversal que es el de la educación primaria y media”.

Martínez: No se hicieron suficientes consultas
Manuel Martínez, miembro del Foro de la Niñez, afirmó ayer no conocer a profundidad el contenido de las normas planteadas por el Ejecutivo, pero consideró que sí se requerían cambios legales para combatir los delitos que atentan contra los derechos de los menores.

No obstante, comentó que no se realizaron suficientes consultas con organismos relacionados con la protección de los menores para la elaboración del proyecto.
Pese a ello, dijo, el tiempo que transcurrirá entre la entrega del documento y la aprobación por parte del Congreso puede ser aprovechado para hacer algunos cambios al texto original.