La defensa de la constructora Andrade Gutiérrez pidió una aclaración y ampliación de la resolución de los conjueces de la II Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que sentenció a esa empresa (en última instancia) a reintegrar al Estado ecuatoriano los 23,4 millones de dólares  que recibió por la construcción de la carretera Méndez-Morona.

La empresa, a través de su abogado Patricio Romero, argumentó su pedido en una presunta falta de motivación (explicación detallada) del fallo de los conjueces, lo cual –comentó Romero–  habría contrariado expresos preceptos constitucionales.

Según estimaciones de la Contraloría General del Estado, la empresa deberá entregar al Estado ecuatoriano alrededor de 70 millones de dólares, cifra que incluye los intereses generados desde 1998, fecha en la que –según el fallo– recibieron indebidamente los recursos, durante el gobierno interino de Fabián Alarcón.