Ecuador anunció este miércoles que adoptará reformas legales para sancionar el tráfico de personas y aplacar las críticas de Estados Unidos de que el país no ha hecho lo suficiente para frenar este delito que alienta el comercio sexual y la explotación laboral.
 
Estados Unidos incluyó el 14 de junio a Ecuador -que enfrenta un creciente flujo emigratorio debido a una aguda pobreza- en una lista de 10 países a nivel mundial que no están atacando con fuerza el tráfico de personas y que podrían sufrir el retiro de la ayuda de Washington.
 
La crítica estadounidense estuvo acompañada de recomendaciones para que Ecuador introduzca en su legislación la prohibición de las formas más crueles de tráfico de personas y sanciones para este delito, que afecta principalmente a niños y mujeres, para demostrar un compromiso serio en la lucha contra este delito.
 
El ministro de Gobierno, Raúl Baca, dijo que, en respuesta al veto estadounidense, se emprenderá con el parlamento una modernización del marco legal para crear un cerco efectivo contra el tráfico de personas y otras formas de explotación, en una movida para evitar las sanciones estadounidenses.
 
"No podemos, en este caso específico, permitir que el tráfico de estupefacientes sea castigado en una forma y que no exista el mismo aliento para castigar efectivamente a quien hace un tráfico de personas y peor si esas personas son niños, niñas y adolescentes", declaró Baca.
 
La iniciativa gubernamental incluye la creación de un organismo que liderará la lucha contra el tráfico ilegal de personas y la aprobación por parte del parlamento de una ley que reprime y sanciona este delito así como la explotación sexual y laboral de la niñez y adolescencia.
 
Estados Unidos evitó comentar si estos anuncios serán suficientes para avalar la gestión en este campo de Ecuador, pero resaltó el hecho que el país "se ha dado cuenta de que este asunto es muy serio", según Marti Stell, directora de prensa de la embajada estadounidense en Quito.
 
El proyecto legal -que modificaría una serie de leyes incluida las de Turismo, Salud y Penal- sería presentado en los próximos días a los 100 diputados en línea con el compromiso asumido por el país al adherirse en junio a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia.
 
El protocolo obliga a sus signatarios a reforzar los controles fronterizos y adoptar medidas legales para tipificar como delito el tráfico de personas e instrumentar mecanismos para proteger la privacidad y la identidad de las víctimas.
 
La emigración ha sacudido a Ecuador desde 1997, pero se agudizó dos años después cuando el país se vio sumido en la peor crisis del último siglo por el desplome del sistema financiero, lo que provocó la salida de unos 500.000 ecuatorianos hasta la fecha, según organismos internacionales.