Abogados de Chevron Texaco y de la parte que acusa a esta compañía petrolera estadounidense de contaminar la selva amazónica ecuatoriana, intercambiaron el martes acusaciones antes de que se inicien las inspecciones judiciales en el terreno. 
 
“Me han atribuido, falsamente, un delito al decir que yo he dado instrucciones para que se adultere evidencia y ejecutaré acciones legales en contra del representante de Chevron Texaco”, afirmó a la AP Alberto Wray, abogado ecuatoriano que encabeza una demanda contra Texaco en Ecuador. 
 
En rueda de prensa en Quito, el consejero general de esa empresa para Latinoamérica, el brasileño Ricardo Reis Veiga, afirmó que los demandantes, enterados de los sitios que el juez seleccionó para ser inspeccionados,   han perforado varios pozos a lo largo de estos sitios violando el proceso judicial. 
 
Añadió que   los señores demandantes por orden de sus abogados, han destrozado vegetación alterando completamente las condiciones ambientales que existían (en la zona que será revisada). 
 
Wray dijo que demandará legalmente a Reis Veiga. 
 
Wray representa a 30.000 habitantes de la selva amazónica ecuatoriana que acusan a Texaco de haber contaminado la selva cuando operó en la zona entre 1972 y 1992 y, según los demandantes, dejó abiertas o mal selladas más de 600 piscinas tóxicas, presuntas causantes de enfermedades a las personas y animales, además de dañar cultivos y agua. 
 
Para Luis Yanza, coordinador de la parte demandante, esta posición de la empresa   es una desesperación. Ellos saben que tenemos las pruebas, las evidencias, y con las inspecciones vamos a demostrar en la práctica, en los hechos, la contaminación. 
 
Sin embargo, Rodrigo Pérez, representante de la empresa en Ecuador, reiteró que la compañía que debe hacerse cargo de cualquier demanda es Petroecuador, la empresa estatal que fue socia de Texaco durante su operación en el país. 
 
Los representantes de la compañía recuerdan que Petroecuador asumió en 1992 todas las obligaciones del consorcio que tenía con Texaco. 
 
La compañía entiende los desafíos que han debido afrontar los habitantes, pero rechaza con toda firmeza la pretensión de que la compañía sea responsable de los hechos que se le quieren inculpar, dijo Jaime Varela, presidente de Chevron Texaco-México. 

El juicio en marcha, se inició en la Corte Superior de Lago Agrio, a 180 kilómetros al noreste de Quito, en octubre del 2003, y se reinicia el miércoles con las inspecciones judiciales, en medio de la selva, donde los acusadores esperan demostrar que bajo delgadas capas de tierra, Texaco solamente escondió grandes cantidades de crudo y sus residuos, afectando a la población y a la naturaleza. 
 
Texaco solicitó en julio a la Asociación Americana de Arbitraje, en Estados Unidos, que intervenga solicitando a Petroecuador que asuma la responsabilidad y responda por la supuesta contaminación, que podría costar, según datos de los demandantes, más de 6.000 millones de dólares.