Más que la edad, lo más importante son la sabiduría, currículo y honestidad. Así señaló esta mañana al noticiero de Ecuavisa, Adriano Rosales, ex magistrado, cuando se refirió a la edad de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Después de haber trabajado durante diez años en la institución de justicia, Rosales defiende sus tesis en cuanto a los años que deben tener los magistrados. “Necesitamos ciertas capacidades de la edad misma: honorabilidad, dignidad, capacidad y honestidad”, apuntó.

“Nosotros debemos saber cuándo nos retiramos de la vida pública”. Para lograrlo, dijo, estas personas deben tener una basta experiencia y conocimientos. Solo así, para el ex magistrado, los jueces podrán valorar sus capacidades.

Publicidad

Si puede surgir o no de la sociedad civil una alternativa para solucionar el problema de las cortes, Rosales cree que no. “La honestidad es la única (característica) que puede dar la función”. Y añadió que los individuos que ejerzan esta función no deben ser influenciables y manejables, para evitar así los cuestionamientos.

Rosales tampoco está de acuerdo con el número de magistrados: 31. “Eso es un absurdo. (...) Los 16 que fuimos en los diez años en que estuve en la Corte Suprema, sabíamos todos los asuntos y podíamos defender los despachos que eran necesarios. Por lo mismo, hay que rebajarlo”, indicó.     

Para elegir adecuadamente a los jueces, Adriano Rosales presentó un proyecto, el que fue desechado junto a unas denuncias sobre la corrupción en la función Judicial, según señaló. En este plan de reforma expone que la Corte Suprema debe ser terna para cada nombramiento. Esas ternas tienen que ir al Congreso Nacional para que este, obligatoriamente, en equis número de días pueda nombrar al magistrado que corresponda.

Publicidad

Como parte de un proyecto para "despolitizar la justicia", el Gobierno preparó un borrador del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, el cual además de limitar la edad para los magistrados en 70 años. Propone cambios para la forma de designación de los jueces y medidas para llevar a la práctica la denominada unidad jurisdiccional.