Las autoridades de control deberán investigar dichas denuncias y establecer el grado de verdad que pudiesen contener. No podemos expresar un criterio anticipado mientras no se conozcan todas las pruebas y las versiones de todos los involucrados.

Pero cabe con este motivo insistir en la preocupación que diversos sectores de la ciudadanía han venido expresando en torno a cuán legítimos y convenientes son estos comisariatos militares, para los cuales existe un régimen especial que no se compadece con el espíritu de libre competencia e igualdad de derechos que proclama la Constitución.

El ciudadano civil, afectado muchas veces en su consumo por las difíciles condiciones de la economía, no puede comprender por qué no se lo exonera a él también de esa difícil carga.

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Varias veces hemos advertido que el sector militar no está siendo atendido con justicia en sus remuneraciones, y hemos pedido rectificaciones urgentes para ese error. La profesión militar es sacrificada y riesgosa, y no se merece un trato injusto. Pero la solución no pasa por crear privilegios especiales que presionan sobre la balanza de pagos y generan distorsiones en el movimiento comercial nacional.