viernes 13 de agosto del 2004 Columnistas

Ayuda médica con condiciones

“Estamos preocupados por este requisito. Evitará que las comunidades latinas busquen atención de urgencia. Eso podría conducir a serios problemas de salud pública, incluida la propagación de enfermedades transmisibles”.

El gobierno federal está ofreciendo mil millones de dólares a los hospitales que proporcionan atención de urgencia a inmigrantes indocumentados. Sin embargo, para obtener el dinero, los hospitales tendrían que preguntar a los pacientes cuál es su estatus migratorio, una perspectiva que alarma a hospitales y defensores de los inmigrantes.

Cuando el Congreso decidió proporcionar el dinero el año pasado, funcionarios estatales y ejecutivos de los hospitales lo vieron como un gran avance. Durante años, argumentaron que el gobierno federal era responsable de la política de inmigración y debería cubrir los costos de la atención médica dada a los inmigrantes ilegales porque él había creado el problema. Estos costos pesan muchísimo en estados fronterizos como Texas, Arizona y California, y en otros como Nueva York e Illinois que tienen una gran cantidad de tales inmigrantes.

Las mayores asignaciones son para California, de 72 millones de dólares al año; para Texas, de 48 millones de dólares; para Arizona, de 42 millones de dólares; para Nueva York, de 12 millones de dólares; para Illinois, de 10 millones de dólares, y para Florida, de 9 millones de dólares.

Sin embargo, funcionarios federales de salud, bajo lineamientos elaborados en las dos últimas semanas, dijeron que los hospitales tendrán que hacer preguntas sobre el estatus migratorio para asegurarse de que el dinero será usado con la intención planteada por el Congreso: para “servicios de salud de urgencia proporcionados a extranjeros indocumentados”.

Ejecutivos de los hospitales y grupos de derechos de los inmigrantes dijeron que la formulación de las preguntas haría que los inmigrantes indocumentados no busquen atención hospitalaria cuando la necesiten, y algunos hospitales dijeron que cumplir con esa disposición podría costarles más de lo que recibirán en ayuda federal.

Marcela G. Urrutia, una analista del Consejo Nacional de La Raza, un grupo hispano de derechos civiles, dijo: “Estamos extremadamente preocupados por este requisito. Evitará que las comunidades latinas busquen atención de urgencia. Eso podría conducir a serios problemas de salud pública, incluida la propagación de enfermedades transmisibles”.

Janelle R. Howard, una portavoz de CarondeletHealth Network, con hospitales en Tucson y Nogales, Arizona, dijo: “Nuestras salas de urgencias atienden a muchos inmigrantes indocumentados, incluidos algunos que fueron recogidos en el desierto. Sin embargo, en tanto institución católica, nunca les hemos preguntado sobre su estatus migratorio. Nuestras misión y filosofía son tratar a todos sin distinción”.

Bajo la ley federal de 1986, un hospital tiene que proporcionar exámenes y tratamientos médicos para estabilizar la situación de cualquier paciente que solicite atención en sus salas de urgencias, sin importar la capacidad de la persona para pagar. Con frecuencia, los hospitales absorben los costos cuando los pacientes no cuentan con seguro u otra fuente para pagar.

Bajo los nuevos lineamientos, de estar disponibles, deberán incluirse en el expediente del paciente fotocopias de pasaporte, visa, tarjetas para cruzar la frontera o cualquier otro documento que establezca su estatus.

Patricia J. Wang, vicepresidenta de la Greater New York Hospital Association (Mayor Asociación de Hospitales de Nueva York), dijo: “No creo que ningún hospital vaya a poder obtener ese tipo de información de los inmigrantes. Es como si uno tocara una campana en su cara al preguntar directamente: ¿Es usted ciudadano estadounidense, es residente legal permanente?”.

Los hospitales recopilan una diversidad de información demográfica y clínica sobre los pacientes, incluidos los detalles de cualquier seguro que pudieran tener. Sin embargo, los hospitales en general dicen que no preguntan a los pacientes sobre su estatus migratorio.

Angela D. Hooton, una abogada del Mexican American Legal Defense and Educational Fund (Fondo Mexicano Estadounidense Educativo y para la Defensa Legal), dijo: “Los inmigrantes indocumentados temen que si responden tales preguntas, la información podría ser usada en su contra en procedimientos de deportación”.

Funcionarios federales enfatizaron que en lo general los datos de los pacientes en lo individual no tendrían que ser entregados al gobierno, pero también dijeron que los hospitales deben conservarlos en el expediente para que auditores federales puedan revisar la información. El gobierno dijo que tiene la obligación legal de prevenir “pagos inapropiados, excesivos o fraudulentos”.

© The New York Times News Service.

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