El borrador de la reforma a la Ley Orgánica del Servicio de Agua Potable movilizó el pasado 26 de julio a cerca de 20 mil usuarios de 300 sistemas de las zonas rurales de Cañar y Azuay.

“El proyecto es privatizador y lo promueve el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. No ha sido puesto en conocimiento de quienes trabajaron para proveerse del agua a través de las juntas”, dijo Carlos Pérez, coordinador del sistema de agua en el Azuay.

Agregó que se pretende que los municipios controlen el servicio, y si las juntas desean funcionar deberán cambiarse a compañías anónimas.

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Entre quienes desconocen el borrador de la ley está una de las administradoras en Guapán (Azogues), que brinda servicio a 247 usuarios y tiene adjudicada desde 1996 una fracción del canal González-Rodríguez (GR).

Bosco Cárdenas, presidente del canal GR, recordó que antes los habitantes tomaban el agua desde las acequias, y luego de pelear por más de 100 años con los propietarios de las zonas donde se encuentran las vertientes de los cerros de Uchurumi, Chimihuayco y sus afluentes, el  Consejo Nacional de Recursos Hídricos les adjudicó una parte de esa zona para tomar el líquido.

La Ley de Aguas vigente desde el 30 de mayo de 1972, que tiene como antecedentes la Ley de Riego y Saneamiento Ambiental, determina que “el agua es un bien nacional de uso público. Está fuera del comercio y su dominio es inalienable e imprescriptible”.