10 cabildos gastaron $ 3,8 millones en propagandas

Según Informedia, diez  municipios y cinco prefecturas invirtieron   5’756.268,80 dólares en seis meses.

Durante el primer semestre del 2004, los quince organismos seccionales que más recursos invirtieron en publicidad en los medios de comunicación son los municipios de Guayaquil, Quito, Cuenca, Rumiñahui, Portoviejo, Colta, Alausí, Cayambe, Vinces y Riobamba; y los consejos provinciales de Guayas, Pichincha, Azuay, Morona Santiago y Loja.

En total, su gasto asciende a 5’756.268,80 dólares, cifra que representa el 40% de lo invertido (13’979.148,10 dólares) por las 321 instituciones públicas controladas por la empresa Informedia (resultante de la asociación de Escopusa e Ibope Time) en diarios, revistas, estaciones de radio y canales de televisión del país.

Las cifras corresponden a la “tarifa impresa”; es decir, no constan los descuentos que suelen hacer los medios a las agencias de publicidad o a las instituciones públicas.

Según Informedia, el municipio con mayor pautaje en los medios es el de Guayaquil. Entre enero y junio de este año, este gastó 2’469.560,10 millones de dólares y, en el mismo periodo del año pasado, 1’887.461,20 dólares.

En cambio, el Departamento de  Promoción Cívica, Prensa y Publicidad del cabildo de Guayaquil reporta un gasto de 949.670,83 dólares distribuidos en dos conceptos.

El primero, Comunicación a la Ciudadanía (información sobre pagos de impuestos, el programa Educación a Distancia, la ubicación de las clínicas móviles, las notificaciones de adjudicaciones y casas de Mucho Lote) y, el segundo, Publicaciones obligatorias por mandato legal (ordenanzas y convocatorias a licitaciones y contratación de obras).

Informedia reporta que el Consejo Provincial del Guayas gastó 1’368.023,00 dólares, cifra que representa un incremento del 100% con referencia al del año pasado.

A continuación están el Municipio de Quito y el Consejo Provincial de Pichincha.
El primero maneja un presupuesto de 800 mil dólares al año para promoción. El segundo tiene presupuestados 500 mil dólares.

July Wolh, funcionaria de la Dirección de Prensa del Municipio de Guayaquil, señala que ninguna de las cuñas o publicaciones utiliza la imagen del alcalde Jaime Nebot, quien solicitará licencia para postularse a la reelección por el Partido Social Cristiano (PSC).

El martes pasado, el funcionario anunció que dispuso a la Dirección de Prensa no contratar publicidad en los medios de comunicación social durante los 45 días que dure la campaña electoral (del 31 de agosto al 14 de octubre).

El prefecto de Pichincha, Ramiro González (ID), señaló que la Constitución exige a todos los funcionarios públicos rendir cuentas de su gestión. De allí que, según la Ley de la Contraloría General del Estado, están obligados a colocar en sus obras carteles con información técnica, de la institución y su nombre.

“En una sociedad de la información si no se comunica, ¿qué hacemos? Si comunicamos nos critican y si no lo hacemos también. Este tema se está satanizando. Se pone el nombre de uno porque es el responsable y tiene que dar la cara. Ahora vamos a tener pánico de promover nuestras obras”, expresó González.

El pasado lunes, la Corporación Participación Ciudadana (PC) cuestionó esa práctica. Esa organización ejecuta una campaña para controlar –en colaboración con la Contraloría– el uso de recursos y bienes públicos en la campaña electoral de este año.

Anunziatta Valdez, subdirectora de PC, señaló que si bien la ley obliga a los  funcionarios a informar sobre la obra pública, estos deben hacerlo sin mencionar su nombre y su partido político. “La obra pública no debe usarse para promover un nombre privado porque los recursos son de todos los ecuatorianos”, dijo.

El artículo 21 de la Ley de Control de Gasto y Propaganda Electoral prohíbe a todo organismo o entidad pública, funcionario, empleado o servidor público, la utilización de los recursos y bienes públicos, al igual que promocionar sus nombres o partidos en la obra o proyectos a su cargo.

“Quien infringiere esta disposición será sancionado con la revocatoria del mandato o la destitución del cargo”, indica el cuerpo legal.