Un grupo de organizaciones ambientalistas, estudiantiles y de campesinos exigieron este jueves al gobierno costarricense una moratoria permanente a la siembra e introducción de transgénicos.
Según los activistas, la medida debe ser aplicada por los ministerios de Agricultura, el de Salud y el de Ambiente.
Anunciaron además la elaboración de un proyecto de ley que buscaría establecer un marco nacional de bioseguridad con la idea de que Costa Rica sea declarada libre de organismos transgénicos.
El proyecto estará basado en la evidencia de que los transgénicos representan múltiples riesgos e impactos sobre la diversidad biológica, cultural y social, señalaron en un boletín de prensa.
Entre las firmantes está la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), la Mesa Nacional Campesina y la Coordinadora de Acción Universitaria.
Las agrupaciones también manifestaron su disconformidad con el tratado de libre comercio con Estados Unidos pues aseguran que incorpora a Costa Rica a la Unión de Países con Obtenciones Vegetales (Upov).
Eso va en detrimento sobre los derechos fundamentales de los agricultores y favorece la apropiación monopólica de las corporaciones sobre el patrimonio genético de la región.
Entre los efectos negativos que le atribuyen a los transgénicos destacan sus consecuencias sobre la cadena de la vida, como daño a los insectos benéficos y la contaminación de variedades criollas.
Basaron su preocupación al considerar que en Guanacaste, al norte del país, hay sembrados cultivos transgénicos, entre ellos 17 hectáreas de soya y 609 de algodón.
De esos cultivos saldrán semillas transgénicas que serán vendidas a otros países por las empresas Delta & Pine, Semillas del Trópico y Semillas Olson.
Lamentaron que esas compañías pueden operar gracias a permisos otorgados por el departamento de Protección Fitosanitaria del ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Bioseguridad.