La constructora Andrade Gutiérrez prepara su estrategia de defensa para contrarrestar la resolución de los conjueces de la Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que sentenció a esa empresa a reintegrar al Estado los $ 23,4 millones, con los intereses, que recibió por la construcción de la carretera Méndez Morona.

La restitución al pago indebido e ilegal, realizado a favor de la empresa en los últimos días del gobierno interino de Fabián Alarcón, según las estimaciones de la Contraloría, alcanzaría los $ 70 millones.

Según el abogado de la constructora, Patricio Romero, el fallo quedará ejecutoriado el 17 de agosto, un día después que termine la vacancia judicial. Por ello, consideró que existe tiempo suficiente y argumentos para impugnar la resolución de los jueces.

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