“Pagrachu” (gracias, en quichwa), pronunció Marlon Santi, dirigente de Sarayacu, luego de que el defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, les entregara, el pasado jueves, una resolución en su favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 6 de julio pasado, dicha instancia, con sede en Costa Rica, luego de conocer las presuntas agresiones por parte de compañías petroleras, dictó medidas provisionales en las que exige que el Estado ecuatoriano proteja la integridad, garantice el derecho de libre circulación e informe cada dos meses a la Corte sobre la adopción de las medidas dictadas.

Adicionalmente, el Defensor del Pueblo anunció la apertura de un expediente defensorial, con fecha del 20 de julio, para vigilar y controlar que el Estado cumpla con los requerimientos de la Corte.

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La historia comenzó en 1996, cuando el Estado autorizó a la compañía CGC la explotación petrolera en el bloque 23, donde el 65% pertenece al territorio Sarayacu.

Aquí inicia una lucha en defensa del territorio y es aquí cuando el nombre de Sarayacu ya no es desapercibido.

La acción de los indígenas llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Meses después y con base en una declaración defensorial, emitida en noviembre del 2002 por el Defensor del Pueblo, la Comisión Interamericana dicta medidas cautelares para que “el Estado ecuatoriano garantice la integridad personal de los miembros de la comunidad de Sarayacu y su especial relación con su territorio”.

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Finalmente, el 6 de julio con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se marca un precedente por la defensa de los pueblos indígenas. La noticia fue difundida ayer en asamblea general a todos los miembros de la comunidad.