El 27 de febrero, el Presidente de la República anunció la reestructuración total en las empresas eléctricas, telefónicas y petroleras. Dos días después dio a conocer que el Gobierno integraría un tribunal sin rostro para elegir a los nuevos directivos, añadió que así quienes quieren presionar o mover influencias no tendrían a quién acudir. Finalmente, y tras muchas críticas reclamando que quienes hagan las designaciones asuman la responsabilidad y no se oculten, se decidió contratar a la firma Price Watherhouse Coopers para que seleccionara a los integrantes de las ternas entre los cuales se haría la selección. Más de 2.200 personas presentaron sus carpetas a la Price, que debió revisar muchas antes de integrar las ternas. Al final del proceso, que costó 16.900 dólares, se nombraron 18 funcionarios, de los cuales ya han sido reemplazados cinco.

Cuando el Presidente anunció la reestructuración, enfatizó en que buscaba la despolitización y la tecnificación de las empresas. Poco tiempo después todo parece indicar que no se logró.

Al menos dos de los reemplazados, Carlos Luzuriaga y José Luis Ziritt, ex vicepresidentes de Petroindustrial y Petroproducción, respectivamente, según reseña este Diario, han dicho que el presidente ejecutivo de Petroecuador, Luis Eduardo Camacho, y el ministro de Energía, Eduardo López, les pidieron la renuncia porque requerían esos cargos para negociar votos en el Congreso. Ziritt añadió que cuando quiso ejecutar cambios le pidieron la renuncia, pero que antes alguien le ofreció dinero para que nombrara a una persona como subgerente para negociar los contratos y repartirse el 10%. El nombre de la persona se lo dio al Ministro.

Lo cierto es que la tan anunciada reestructuración y su proceso parecen una tomadura de pelo. La excusa de que los designados no dieron resultados no es válida, puesto que en tan corto tiempo es imposible tenerlos. Lo que parece claro es que en estas empresas del Estado, quienes quieren hacer un trabajo exclusivamente técnico y sin amarres, estorban. Los intereses son tan fuertes que no importa lo que el Presidente haga o diga, pues todos los intentos por cambiar las cosas fracasan. Lucio Gutiérrez durante su campaña hizo reiteradas promesas de terminar con la corrupción; está obligado a cumplir y, al menos en este caso, debe pedir explicaciones a quienes se burlan del país y siempre encuentran la manera de conservar sus prebendas. ¿Quiénes presionan tan fuertemente?
¿Quiénes se esconden tras funcionarios vulnerables? El país tiene derecho a saberlo y el Gobierno tiene el deber de encontrar las respuestas, darlas a conocer y obrar en consecuencia. Ya, y a rostro descubierto.