Voceros de las concesionarias argumentan que las tarifas que rigieron hasta ahora son irreales y que el contrato de concesión las autoriza para establecer los nuevos montos que consideren adecuados.

Llama la atención que el problema no se haya planteado antes de que concluyese el proceso de concesión. Si algunas tarifas eran tan irreales como ahora se estaría descubriendo, la solución no debió ser la de posponer una decisión y, mucho menos, dejarla al arbitrio exclusivo de la empresa concesionaria. Los aeropuertos son, por su propia naturaleza, servicios monopólicos, y en tal condición se espera que exista un ente regulador que contemple el interés de todas las partes involucradas.

No es dable que con errores así se dé una mala imagen a los procesos de concesión, lo que dificulta su aplicación en áreas donde son indispensables.

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Se ha informado que existe cierta predisposición de las empresas concesionarias para encontrar una solución negociada con los arrendatarios. Muy bien si se lo hace así. Pero además de solucionar el problema inmediato habrá que establecer con claridad la manera de proceder en el futuro, para que se fijen siempre tarifas reales sin permitir arbitrariedades.