En el informe del seminario internacional realizado por la Flacso y la Fundación Esquel, en varias ciudades, se plantean objetivos y acciones estratégicas para diseñar una política pública de seguridad ciudadana.

La falta de protección de la integridad física de la población y de garantía para el ejercicio de sus libertades y derechos centra la atención de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana y pública. Acusan al deterioro de la calidad de vida, la falta de empleo, de oportunidades y de solución a los problemas sociales; factores que asociados a conductas violentas del hogar, del ambiente social y de influencia delincuencial externa dan un cuadro de alarma social.

La encuesta de victimización, en el primer capítulo de la memoria del evento, valora el riesgo, evalúa la frecuencia y distribución del delito en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca y describe en forma cuantificada los diversos componentes que llevan a las personas a ser víctimas.

Los resultados indican que una de cada cuatro personas ha sido víctima de fraude, una de cada siete personas ha sido víctima de robo en su vivienda, a una de cada diez le ha sido robado su vehículo. Delitos sobre ninguno de los cuales se llega siquiera al 50% de las denuncias, debido a que  el 88% de los que no denunciaron el robo o fraude, tienen el convencimiento de que si lo hubiesen hecho, no sucedería nada; lo cual tiene que ver con la credibilidad de las instituciones, con la insolidaridad social y falta de cooperación con los procesos legales para el ejercicio de la justicia.

Esta situación incide en la percepción de inseguridad, la que llega al 67% de la población y que, en consecuencia, el 75,6% recurra a varios mecanismos como el uso de rejas para su protección.

El informe recoge también planteamientos y ponencias de 18 conferenciantes, entre nacionales y extranjeros, que tratan el tema desde diversos enfoques y experiencias, para motivar la discusión de la temática en talleres organizados en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Lago Agrio y Tulcán.

Los resúmenes de las diferentes mesas redondas organizadas son reseñados mediante el planteamiento de objetivos concretos, acompañados cada uno de ellos de diversas acciones y medidas que se presentan como una recomendación a las entidades y órganos gubernamentales, responsables por el diseño de una política pública de seguridad ciudadana.

Las temáticas se refieren a causas de la inseguridad, definición de seguridad ciudadana, educación, capacitación institucional, medios de comunicación, marco legal, fortalecimiento de la institucionalidad, información, organización y participación ciudadana, sistema penitenciario, Plan Colombia, política migratoria y combate a la delincuencia.

Cierra el informe una selección de los más destacados editoriales de los medios de comunicación social. Análisis que han orientado a la opinión publica, enfatizando la oportunidad, vista como un reto para recuperar el orden y la paz social. Al mismo tiempo invitan a reflexionar sobre la seguridad, que no es un tema únicamente técnico ni puede estar desligado de la realidad social y económica del país.

Lograr la integración y recuperar la confianza de la población en las instituciones es una tarea prioritaria para evitar el auge delincuencial.