La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), miembro del Grupo de Monitoreo del Plan Colombia en Ecuador, criticó ayer el acuerdo al que llegaron los gobiernos de Ecuador y Colombia, el martes anterior, sobre las fumigaciones de los cultivos de coca y amapola.

La comisión científico-técnica de Colombia se comprometió, mediante un acta, a tomar precauciones técnicas para no contaminar al país con glifosato e informar cuando se reactiven las fumigaciones en la frontera.

Los delegados colombianos aseguraron que estas se suspendieron en mayo pasado, aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que hasta hace tres semanas fumigaron en el departamento de Putumayo.

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Ayer, en Bogotá, el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Uribe, señaló que en lo que va 2004 han sido fumigadas 70.000 hectáreas de hoja de coca y que la meta es rociar 130.000 hasta fines del año.

La APDH calificó de “poco seria, contraproducente y lesiva para la soberanía y los derechos ambientales de la población de la frontera”, el planteamiento de la Cancillería de que las fumigaciones en el lado colombiano se efectúen “con vuelos de menor altura para evitar el efecto deriva”, como lo informó el vicecanciller Edwin Johnson.

El ex embajador en Londres, Mauricio Gándara, cree que el canciller Patricio Zuquilanda mintió al Ecuador cuando señaló que las fumigaciones se suspendieron el año anterior por pedido del país.

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Gándara recalcó que al no insistir sobre los 10 kilómetros de frontera como margen de precaución se renunció a las reclamaciones realizadas desde el gobierno del ex presidente Gustavo Noboa.

El Comité Interinstitucional en Contra de las Fumigaciones (CIF) tildó a la Cancillería de “inepta” y lamentó que no planteara el pago de indemnizaciones para los pobladores de la frontera norte.

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El vicecanciller anunció que la comisión ecuatoriana viajará a Colombia para observar cómo se realizan las fumigaciones. Agregó que los ministerios de Ambiente y Salud son responsables de la salud de los pobladores de la frontera, porque “las enfermedades atribuidas al glifosato son producto de malas condiciones de salubridad”.