Jóvenes hicieron observaciones a diálogos del TLC

Las regulaciones que implican los temas de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entrarían en contradicción con algunos derechos económicos y sociales que contemplan la      Constitución y varios tratados internacionales, según dos analistas que participaron en un seminario sobre el ‘TLC y los jóvenes’.

El consultor Marco Tulio Navas indicó que es necesario analizar desde ahora las repercusiones que tendrá el tratado en relación con “nuestros derechos localizados en la constitución”.

Alberto Acosta,  expositor en el seminario realizado en la Fundación EL  UNIVERSO, señaló que se debe revisar lo que abarca la ejecución del TLC frente a la Constitución.

Hay la  preocupación debido a que se argumenta que varias de las normas reglamentarias del tratado estarían sobre las leyes nacionales.

El seminario, que tuvo la participación de más de 30 delegados jóvenes de Ecuador, Colombia  y Ecuador, concluyó ayer con varias observaciones que se realizaron al proceso, como el hecho de que el TLC se maneje como una negociación donde prevalece la confidencialidad.

El Congreso Nacional designó a ocho diputados para integrar una comisión de trabajo que dará seguimiento a las negociaciones del TLC que Ecuador busca suscribir con los EE.UU.

Según un boletín del Ministerio de Comercio Exterior, este grupo está formado por Cinthya Viteri (presidenta de la Comisión de lo Civil y Penal);  Simón Bustamante (de lo Económico, Agrario, Industrial y Comercial); Luis Fernando Torres (Asuntos Constitucionales); Carlos Vallejo (de Asuntos Internacionales);  Jaime Estrada (de lo Tributario, Fiscal y Bancario) y Andrés Páez (de lo Laboral).

También constan Marco Morillo (de Salud, Medio Ambiente y Protección Ecológica) y Ricardo Ulcuango (de Asuntos Indígenas y otras Etnias).

El Congreso será el organismo que, en última instancia, apruebe o rechace lo negociado antes de la firma del TLC.

Está previsto que las negociaciones del Tratado culminen en el primer trimestre del 2005, para su posterior aprobación en los parlamentos de los países involucrados (Ecuador, Colombia, Perú y EE.UU.).