Observaciones al Ferum

La propuesta de los grupos sociales de Guayaquil, encabezada por el Alcalde de la ciudad, sobre la intención de reformar el marco legal regulatorio del aporte que hace el sector empresarial al Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (Ferum) en la facturación del consumo eléctrico, que se reduciría del 10 al 5%, resulta simple, falta de creatividad y llena de injusticia social.

Se pretende reducir sustancialmente el poco apoyo que recibe el sector urbano marginal, y especialmente el sector rural. Si queremos bajar los costos de producción de energía, se debe hacer un buen estudio técnico y análisis histórico que permita determinar las reales causas que han influido en el incremento del valor de este servicio público, como: la alta politización de las empresas eléctricas; el mal manejo técnico-administrativo; la ineptitud y juego de intereses de directivos, que casi todos pertenecen a sectores proponentes de la reforma.

Debemos considerar que el sector rural es el más desprotegido, carece de casi todos los servicios básicos como el de electricidad. Solo el 20% de esta población tiene energía eléctrica, que se utiliza mayoritariamente para alumbrar domicilios, y el que más posibilidades económicas tiene es para conectar su radio y televisor. Si reducimos el porcentaje de aporte al Ferum estaríamos condenando al sector rural a mantenerse al margen de este servicio básico.

Se debe, por el contrario, dar más apoyo al sector rural que es el puntal de la producción alimenticia, que cubre las necesidades del 100% de la población que vivimos en la zona urbana. Es injusto pretender disminuir el poco apoyo que este sector recibe.

Eco. Ermo Chamba Castillo
Guayaquil

El Ferum se creó para llevar la electrificación a los deprimidos sectores rurales y urbano marginales, mediante torres, cables de transmisión y el desarrollo de proyectos hidroeléctricos.

Se subsidió este costo de energía para los menos favorecidos y desventajosamente ubicados mediante una tasa del 10% sobre la planilla eléctrica de los grandes consumidores. La modalidad de adicionarles impuestos de los gobiernos seccionales –que no todos los contribuyentes reciben– elevó los reales impuestos al 16,5%.

Como trasfondo se da el contrasentido de que hoy, mientras el 21% de las viviendas rurales está desprovisto de electricidad, las mayores empresas comercializadoras registran abultadas “pérdidas negras” sobre el promedio nacional del 23%, así: Milagro 41%, Guayas-Los Ríos 40%.

La reducción al 20% en la tasa del Ferum, solo si se localiza al Guayas con sus cuatro comercializadoras, se reduciría hasta en el 25% la recaudación nacional, para la solidaridad eléctrica.

Se complicaría a una empresa que desde 1993 ha implementado en el 80% la infraestructura eléctrica rural, conforme lo acaban de admitir sus propios objetores.

Se dificultaría el acceso a la imagen, sonido, alumbrado, al uso de la bomba de agua, del molino y del farol en los parques de los caseríos.

Se bloquearía el último recurso que les queda a los gobiernos para alfabetizar al iletrado y capacitar al productor agropecuario.

Inauguraríamos el desigual forcejeo metrópolis-recintos, y sería difícil disuadir a los migrantes internos que encaminen a las grandes ciudades.

El problema eléctrico nacional merece analizarse sin conminatorias, si realmente queremos que la energía se reparta equitativamente. He ahí la oportunidad histórica del Congreso para analizar una ley eléctrica que ya emitida obtenga perennidad de su aprobación de mayorías.

Ing. Agr. César Chávez Onofre
Guayaquil