Tras conocer que la renuncia de dos vicepresidentes de las filiales de Petroecuador obedeció a un pedido verbal de sus superiores, quienes adujeron falta de resultados, tres ex funcionarios de la estatal opinaron que el tiempo de calificación de su desempeño fue muy corto, que se violaron derechos y que las autoridades de control deben investigar lo ocurrido.

Carlos Luzuriaga y José Luis Ziritt, ex vicepresidentes de Petroindustrial y Petroproducción, respectivamente, denunciaron que el presidente ejecutivo de Petroecuador, Luis Eduardo Camacho, y el ministro de Energía, Eduardo López, les pidieron la renuncia porque requerían esos cargos para negociar votos en el Congreso, donde se tramitaban las reformas a la Ley de Hidrocarburos.

Luzuriaga y Ziritt son parte de los 16 funcionarios que, a pedido del Gobierno, escogió Price Waterhouse Coopers para reemplazar a los mandos directivos de Petroecuador.

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El ex presidente ejecutivo de Petroecuador, Wilson Pástor, dijo que dos meses –tiempo que ha transcurrido desde la posesión de los nuevos funcionarios– es un lapso muy corto para calificar la capacidad de una persona; un tiempo prudente, dijo, es un año.

Alberto Segovia, ex vicepresidente de Petrocomercial, quien hace un año denunció irregularidades en la gestión de la estatal, dijo que “ser destituidos sin una justificación es atropellar el derecho de las personas; más cuando se ha ganado un concurso público”.

Otro ex presidente ejecutivo de Petroecuador, quien solicitó que no se mencionase su nombre, pidió en cambio la intervención de las autoridades de control.

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Segovia instó a que esa investigación la realice la Contraloría, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y la Defensoría del Pueblo.

Además, dijo, está de por medio un gasto estatal y gente que confió en el concurso y en la veracidad del proceso.

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El Gobierno contrató a la Price para seleccionar a dicho personal y pagó 1.300 dólares por terna (tres candidatos por cargo).

Pástor enfatizó que el pedido de renuncia fue el resultado de “una salida política de coyuntura, que buscó mejorar la imagen del Gobierno. Todo el proceso fue una equivocación administrativa, pues la estatal tiene un sistema de carrera; toda empresa seria lo tiene”.

Segovia insistió en que los organismos de control deberán despejar las dudas sobre el costo del proceso, las razones para la destitución y los procedimientos para la contratación de personal.

José Luis Ziritt, insatisfecho por su salida, advirtió que “la reestructuración de Petroecuador no cambiará nada, si no se cambia la base del problema que es la politización”.

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Carlos Luzuriaga manifestó que no hay un interés real por sacar a la empresa adelante.

LO QUE SE DIJO

“El Gobierno integrará un tribunal sin rostro para elegir a los nuevos directivos de las empresas petroleras, telefónicas y eléctricas. (Los nombres de las personas que lo integren no serán públicos, de ese modo los interesados que) “quieren presionar, que vienen con carpetitas o influencias, no tendrán a quién acudir”.

CRNEL. LUCIO GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
29 DE FEBRERO DEL 2004

“Es una comisión anónima que evalúa las carpetas de los candidatos más calificados para evitar ser influenciados por terceras personas o intereses”.

Carlos Larrea
subsecretario jurídico de la
Presidencia de la República

1 de marzo del 2004
“No tiene sentido. No sabemos quiénes se esconden detrás de esos  rostros cubiertos”.

Alejandra Cantos
Vicepresidenta de la CCCC
3 de marzo del 2004