La constructora Andrade Gutiérrez deberá reintegrar al Estado ecuatoriano los 23,4 millones de dólares, con intereses a la fecha de pago, que se le entregó en forma indebida e ilegal en julio de 1998 y en los últimos días del gobierno interino de Fabián Alarcón (1997-1998), por la construcción de la carretera Méndez-Morona.

Así lo resolvieron los conjueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que rechazaron el recurso de casación (revisión de la sentencia) interpuesto por Andrade Gutiérrez, con la intención de dejar sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso.

Esta última instancia rechazó la demanda de la constructora y confirmó las actuaciones de la Contraloría, que ordenó el reintegro de los 23,4 millones, con los intereses devengados desde la fecha de la entrega (julio de 1998) hasta el día de la devolución.

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Como consecuencia del fallo, dictado el 28 de julio pasado, la Contraloría se alista a emitir el título de crédito correspondiente y a exigir a la compañía, de ser necesario, mediante una acción coactiva, la devolución del valor ilegalmente recibido y disponer medidas cautelares que aseguren el pago, como embargo, secuestro o retención.

Según la Contraloría, la construcción de la carretera Méndez-Morona fue contratada en 1985 por la suma de $ 47,6 millones, más 1,1 millones; pero por los reajustes se pagaron más de $ 100 millones cuando se liquidó la obra en 1992. Seis años después, debido a un reajuste de precios, se le entregó $ 23,4 millones adicionales.

En septiembre del año pasado, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso absolvió a Alarcón de la responsabilidad civil-subsidiaria que enfrentaba para pagar la restitución de los recursos entregados durante su régimen.

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Un fallo igual favoreció al ex ministro de Finanzas Marco Flores y al ex procurador Milton Álava, entre otros.

En el juicio penal que se tramitó por este mismo caso (por peculado), el ex presidente de la CSJ, Galo Pico, en su último día de gestión (8 de enero del 2002), sobreseyó en forma definitiva al ex mandatario y al resto de imputados. La resolución de Pico acogió el dictamen absolutorio de la fiscal Mariana Yépez.