El secretario de la Administración, Xavier Ledesma, dijo que el Banco debe explicar por qué financió los proyectos que propuso el Gobierno.

El Gobierno deslinda responsabilidades en el uso  de 1’638.468 dólares que el Banco del Estado (BEDE) entregó a la Presidencia de la República por utilidades.

El secretario de la Administración, Xavier Ledesma, aclaró que si bien es la Presidencia la que, “en base del reglamento de repartición de utilidades, envía una solicitud al BEDE para financiar un proyecto en particular, es el directorio de esa entidad quien califica la conveniencia del proyecto”.

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Señaló que las autoridades del Banco deben presentar el contenido específico y los criterios bajo los que se escogió financiar obras como la readecuación de la sede de la Fenocin (Quito), la construcción del Campo Mariano en la parroquia de El Quinche (Quito) y la ejecución de proyectos sociales  no  especificados, pero que estarían a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

“Lo que sí debe quedar claro es que no se dispone alegremente de esos recursos y no hay nada oculto en su repartición, porque todo se hace bajo el respectivo reglamento”, afirmó Ledesma.

La secretaria de Comunicación, Yolanda Torres, dijo que el  BEDE  debe tener los justificativos de cada obra y que las  denuncias que en los últimos días se han presentado en torno al manejo de la entidad financiera se deben a que “el país está viviendo un momento muy politizado y a que frente a una campaña electoral el blanco más visible es el Gobierno”.

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Acerca de la afirmación de la gerenta del BEDE en Quito, Karina Varela, en el sentido de que  los proyectos financiados los autorizó el secretario de la Presidencia de la República, Carlos Pólit, Torres aseguró que es ese funcionario quien debe responder por este punto específico.

Sin embargo,  Pólit prefirió no atender el pedido de este Diario para que explique las consideraciones sociales, políticas o técnicas que se tomaron en cuenta a la hora de proponer la ejecución de los  proyectos.

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El presidente Lucio Gutiérrez se reunió ayer por alrededor de tres horas con el gerente del BEDE, Ricardo Borja Jones, y otros funcionarios del Gobierno.

Entre tanto, el representante de las centrales sindicales ante el Directorio del BEDE, Miguel García, dijo ayer en Radio City que el pasado 5 de mayo, dos de los seis miembros de dicha instancia se negaron a hacer modificaciones al reglamento para la entrega de préstamos a los funcionarios del Banco, otro de los cuestionamientos al manejo de la institución.

“El reglamento inicial señalaba que el tope máximo del préstamo eran cuatro remuneraciones con un plazo de un  año y el interés sería del 6%; sin embargo, la gerencia modificó la resolución y el préstamo pasó a ser de 30 remuneraciones, cuatro años de plazo y cero interés”, manifestó García.

El Ministerio de Economía informó, ayer, que antes de que este Diario publicara el uso del dinero del BEDE por parte de la Presidencia  y revelara el informe de la Superintendencia de Bancos sobre los préstamos a los empleados, su titular, Mauricio Yépez, pidió su reestructuración.

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Lo hizo, según la versión oficial, en una sesión de Directorio, el 9 de junio pasado, en la matriz de la entidad.