Para la construcción de un colegio en la ciudad de Tena se entregó 1 millón de dólares.

Entre enero del 2003 y mayo del 2004, el Fondo de Solidaridad (FS) asignó 107,3 millones de dólares, para financiar diversos proyectos, principalmente, a cargo de los organismos seccionales y de fundaciones.

“Eso obedece a un requerimiento que hacen las diferentes entidades”, explicó ayer el capitán (r) Milton Ordóñez, gerente general del FS.

Según información proporcionada por el Fondo, del total asignado (107,3 millones) hasta mayo pasado, 47,3 millones de dólares se aprobaron en el 2003; y 60 millones, en el 2004. Esos recursos corresponden a las utilidades de las empresas estatales; especialmente, de las registradas por Andinatel.

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Sin embargo, en el Congreso existen bloques que cuestionan su uso. El diputado Ramiro Rivera (DP) aseguró que algunas asignaciones no están plenamente justificadas y que “son objeto de duda”.

Ordóñez indicó que de acuerdo a la normativa del FS cada año hay una preasignación de 15,1 millones de dólares para el programa de maternidad gratuita y otra del 25% de los ingresos netos, para Corpecuador (el año pasado fueron 12 millones de dólares y en el presente, 22,1 millones).

El resto del dinero, anotó, financia requerimientos básicos de la población. “Todos los proyectos están debidamente respaldados”, dijo al responder sobre las asignaciones de 60.000 dólares para la fundación Fidal de Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta de la República; o para el FISE que están a nombre de Aníbal Borbúa Bohórquez (tío del presidente de la República, Lucio Gutiérrez Borbúa) por más de 1,9 millones de dólares.

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Mostró entonces tres carpetas de justificativos sobre la entrega de fondos para Fidal, con los que se realizaron materiales audiovisuales para 30 escuelas urbano marginales de Pichincha.

“Aquí no hay la influencia política. El partido del Gobierno no tiene ni gobernadores ni alcaldes en ninguna parte del país. No estamos mirando el color de la bandera de la autoridad que presenta el proyecto. Entre los beneficiarios están alcaldes que son del MPD, de Pachakutik, de la Izquierda Democrática, que están en la oposición, (también) del PRE, del PSC. Un Gobierno no puede excluir a nadie”, explicó.

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El diputado Antonio Posso, de Pachakutik, negó que su movimiento tenga alguna relación con el Fondo. “Que no nos vengan a endilgar corruptelas, con lo que se sabe que es una caja chica del Gobierno y de Sociedad Patriótica”, dijo.

El presidente del Congreso, Guillermo Landázuri (ID), anunció ayer que pedirá a la Contraloría que haga una auditoría de las operaciones del Fondo y exigió que cuando estén los resultados, pasen a la Comisión de Fiscalización.

Para Ordóñez, sin embargo, eso no es necesario, pues dijo tener un informe favorable de ese organismo de control.  “Ya tenemos un informe presentado por la Contraloría; está calientito; nos llegó hace dos días (el 27 de julio). De manera que todo está en orden. Hay algunas observaciones administrativas que debemos implementar para ser más eficientes”. Sin embargo, se negó a entregar una copia de ese documento.