El gerente general del Banco del Estado (BEDE) durante el gobierno de Gustavo Noboa, Julio Molina, explicó ayer el proceso de repartición del Fondo de Utilidades de esta entidad.

Molina dijo que una vez concluida la etapa financiera anual, la Junta de Accionistas establece el reparto de utilidades de acuerdo con las recomendaciones del directorio del BEDE.

Según el ex funcionario, la cantidad que les corresponde a los gobiernos seccionales y a la Presidencia debe definirse equitativamente de acuerdo a proyectos de obra social y saneamiento ambiental aprobados previamente por los acreedores.

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Molina calificó de absurda la utilización de 40.000 dólares para la remodelación de aulas de capacitación del edificio del Colegio de Economistas de Pichincha, porque “para eso no es la plata sino para obras sociales”.

El ex contralor Alfredo Corral (1998-2003) agregó que la Superintendencia de Bancos y la Contraloría deben realizar una auditoría a estas operaciones, porque “se trata del manejo de recursos públicos”. En caso de que se compruebe, indicó Corral, que las transacciones que se realizaron en el reparto de utilidades no están autorizadas por la ley, “esto podría dar lugar a determinar responsabilidades civiles y penales”, añadió.