Los campos de acción y la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) fueron analizados ayer por 60 personas, aproximadamente, en la Universidad Católica, como parte de las actividades del Foro Social de las Américas.

La CPI es un tribunal permanente, con sede en La Haya, que tiene la potestad de juzgar permanentemente crímenes de lesa humanidad, genocidio  y de guerra.

Los casos que puede indagar la Corte, sin embargo, son los que han ocurrido hace dos años, puesto que el tratado de su creación entró en vigencia el 1 de julio del 2002. Se encuentran en investigación crímenes denunciados en El Congo y Uganda.

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Ecuador se adhirió a la CPI como país signatario el 26 de septiembre del 2002, no obstante, al igual que otras naciones, aún no hacen las reformas legales para que sea viable la implementación y atribuciones de este tribunal.

Según Francisco Soberón, secretario de la Coordinadora de DD.HH. de Perú y miembro del Comité coordinador de la CPI, uno de los principales retos de la Corte es que los países latinoamericanos incorporen en sus códigos y procedimientos penales  las definiciones de crímenes en casos de agresión y violencia sexual contra la mujer.

Soberón sugiere además, que los países signatarios adopten la legislación interna complementaria que permita cooperar plenamente con la CPI y juzgar los crímenes.

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Explicó que los crímenes de guerra no pueden ser denunciados por Colombia porque firmó una cláusula por la cual durante siete años,  desde agosto del 2002, no puede ser enjuiciado como país por crímenes de guerra.